Josep Lluís Trapero se enfrenta a 11 años de cárcel por la connivencia de los Mossos con el golpe

El que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra durante el golpe del 1-O, Josep Lluís Trapero, se enfrenta a 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de acusaciones contra los líderes del ‘procés’. La juez instructora, Carmen Lamela, había acusado Trapero de sedición y organización criminal.

La Fiscalía afirma que Trapero, como máximo responsable de los Mossos, «diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

Además, «por su relación con los políticos independentistas», Trapero «empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando».

La Fiscalía describe que entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre se produjeron «numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas, generándose un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse». Y en todo ello cobró «especial relevancia» el papel desempeñado por los Mossos, según la Fiscalía: «Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas fue (…) imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».

Los Mossos se dedicaron a «funciones impropias de un cuerpo policial», asegura la Fiscalía

Recuerda la Fiscalía que días después de que Carles Puigdemont anunciara que se iba a celebrar el referéndum del 1-O, el entonces jefe del Ejecutivo catalán «realizó cambios profundos en los mandos de los Mossos d’Esquadra, así como en la Consejería de Interior, con el ánimo de lograr la lealtad a sus ilícitos propósitos de realizar el referéndum ilegal proclamado».

Sobre el papel de los Mossos durante el asedio de los separatista a la Consejería de Economía, la Fiscalía prueba que la intendente al mando de los agentes autonómicos, Teresa Laplana, «negó reiterada e intencionadamente» la prestación de auxilio que la Guardia Civil le reclamaba. Todo con el objetivo de «frustar» la comisión judicial que había entrado en las dependencias para buscar pruebas del golpe que se estaba perpetrando.

Según la acusación de la Fiscalía, la intendente de los Mossos cumplió las órdenes de Josep Lluís Trapero sin cuestionarlas, «consciente de que la situación se agravaba progresivamente como consecuencia de su renuencia a intervenir». De ahí que la Fiscalía pida para Laplana 4 años de prisión por un delito de sedición.

Espiaron a la Guardia Civil

El mismo día del referéndum, «se produjeron comunicaciones en las que agentes de los Mossos d’Esquadra daban indicaciones a sus superiores de los movimientos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia para impedir el referéndum».

La Fiscalía demuestra que en estas comunicaciones los guardias civiles eran identificados por los agentes al mando de Josep Lluís Trapero como «banderines» y los policías nacionales como «escudos».

Los mossos recibieron órdenes de sus superiores para acudir a los colegios electorales «sin cascos y evitar todo enfrentamiento con las personas que se congregaban». La órdenes y comunicaciones no se realizaron ese día a través de las emisoras policiales, «sino que para evitar su grabación, se realizaron con teléfonos móviles indicando al agente que ‘se pasase a 21’ cuando desde las salas de mando quería hablarse con la ocultación propia del teléfono móvil».