Europa abronca al Gobierno por no revelar los bienes de sus cónyuges: «No nos han prestado atención»

El último examen del Consejo de Europa a España recrimina al Gobierno de Pedro Sánchez sus escasos avances anticorrupción. En el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de 19 páginas, abundan los incumplimientos por parte del Ejecutivo y el organismo lanza varias advertencias. Pero la letra pequeña del documento, consultada por este periódico, revela además cómo el órgano europeo lamenta que el Ejecutivo socialcomunista hiciese caso omiso a algunas recomendaciones, como la que pide incluir «información sobre los cónyuges y familiares» en la publicación de las declaraciones económicas de los altos cargos.

El Gobierno, según desvela el documento, no prestó atención a esa petición. «El GRECO no está convencido de que se haya prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó», recoge el informe. «En consecuencia, pide a las autoridades que hagan más», señala el organismo, rotundo.

«Interés general»

Es más. El documento recoge que el Gobierno despachó esta recomendación amparándose en que la «protección de datos» impedía revelar la información económica de los familiares de los cargos. «La solicitud de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo ha sido descartada por el momento por restricciones derivadas de la normativa de protección de datos».

Dicho esto, las autoridades españolas trasladaron al GRECO, no obstante, que los formularios que los altos cargos deben cumplimentar para hacer públicos sus bienes y activos «podrían ser revisados en un futuro próximo conforme a los requisitos de transparencia y rendición de cuentas», aunque sin mayor compromiso.

El organismo europeo, por su parte, recordó a Sánchez la «experiencia» de otros países y también que «se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información».

Incumplimientos

En general, la evaluación del organismo hacia España es negativa. El Gobierno «no ha implementado por completo ninguna de las 19 recomendaciones» que se le habían trasladado.

El Ejecutivo alegó que tanto las dos elecciones generales de 2019 como la crisis sanitaria de 2020 por el Covid-19 obstaculizaron “significativamente” las actividades legislativas y las acciones y políticas nacionales.

Entre las recomendaciones, el GRECO pidió a España que modificara el procedimiento especial de “aforamiento” para que “no obstaculice el proceso de justicia penal con respecto a miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción”.

Sánchez alegó, según revela el informe, que esta figura está prevista en la Constitución y que «existen algunas iniciativas en marcha para restringir el alcance del aforamiento» pero destacó «las dificultades inherentes a la adopción de una reforma constitucional y la necesidad de un acuerdo parlamentario muy amplio, que actualmente se está buscando».