Reforma de la sedición

Estos son los 35 independentistas catalanes que no tendrán condena si reforman el delito de sedición

Los 35 catalanes que no tendrán condena si reforman el delito de sedición
Algunos de los encausados por sedición.
Luis Miguel Montero

No son cuatro o cinco los beneficiados de la reforma del delito de sedición, como se empeñan en hacer creer los independentistas catalanes al resto de sociedad española. Son en total 35. Los cabecillas del referéndum independentista de Cataluña en 2017 que permanecen huidos son Carles Puigdemont y los ex consellers que le acompañaron, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig, que además de estar acusados de sedición, tienen cargos por malversación de caudales y desobediencia. Acompañándolos, en este caso sólo por el delito de sedición, está la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, que se fugó a Suiza.

Una rebaja de la pena por sedición afectaría, en primer lugar, a Puigdemont, que reduciría los años de prisión a los que se puede enfrentar si acaba pisando España. Con el actual Código Penal, la sedición podría acarrear penas de entre 10 y 15 años. Marta Rovira sólo está acusada de un delito de sedición y podría, por tanto, beneficiarse de la rebaja más notable en su pena al no acumular otras condenas.

Sin embargo, a estos cinco procesados actualmente por delito de sedición y rebelión hay que sumarle otros 30 menos conocidos, es decir, 35 en total. La pieza separada 353/18 investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional relativa al bautizado como «CNI catalán» recoge en su folio segundo los nombres de estos 30 semidesconocidos.

Ahora, este exhaustivo trabajo de los hombres y mujeres del Servicio de Información de la Guardia Civil en Cataluña puede quedar en nada si el delito de sedición desaparece en la práctica por la rebaja de las penas de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como ha adelantado el PSOE que intentará hacer en el Congreso de los Diputados apoyado por sus socios de Gobierno, entre ellos los independentistas catalanes, que es a quienes más favorecería este cambio en el Código Penal. Los 30 nombres menos conocidos, además de los cinco cabecillas, son los siguientes.

Ramir de Porrata

Es el primer investigado por la Benemérita. En el sumario de esta causa consta sobre él que es «un importante líder ideológico del entorno secesionista (…) ejerce como instigador y promotor de iniciativas indubitadamente sediciosas, tratándose por tanto de un elemento potencialmente desestabilizador y gravemente subversivo para las instituciones e intereses del Estado (…)». De Porrata asistía a «conferencias y charlas organizadas por organizaciones secesionistas», también se encontró el 21 de marzo con «Elsa Artadi, otrora consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (…)».

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Ramir de Porrata-Doria.

Su importancia para el secesionismo catalán es de tal magnitud que su proyecto se lo presentó «al presidente (Quim Torra) y fue éste quien le instó a que lo mostrara a Elsa Artadi». Ramir de Porrata también contactó con Carlota Canut Farré, secretaria personal en Bélgica del ex conseller Antonio Comín Oliveres, declarado en rebeldía procesal.

María Dolors Gonyalons

Los informes de la Guardia Civil que la acusan de sedición dicen sobre ella que «su actividad se ha encaminado a la dinamización e impulso definitivo para la confrontación estructural de la organización clandestina ideada inicialmente por Ramir de Porrata en la que ejerce como coordinadora general denominada Escuts per la República (Escudos por la República)». Según los investigadores, Gonyalons tiene «implicación directa como responsable y organizadora de actividades encubiertas para la creación y organización de una fuerza clandestina (…) entre ellos Mossos d’Esquadra, vinculados a la administración catalana en materia de seguridad ciudadana». Esta fuerza tendría «capacidad para abarcar un campo de acción extensivo a toda la comunidad autónoma de Cataluña y de desplegarse con rapidez y eficacia ante cualquier situación que pudiera producirse».

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María Dolors Gonyalons.

Miquel Montero de Quadras

A este empresario catalán se le acusa de colaborar «junto a un grupo de ingenieros informáticos expertos en tecnologías de la información en la creación y asesoramiento de la plataforma «Consell de la República», ideada e impulsada desde las esferas políticas secesionistas en rebeldía procesal huidas a Bélgica».

David Ollé Perellada

Según el informe de la Guardia Civil, «fue identificado junto a Roger Vilaseca Díaz como los dos ingenieros informáticos que, a instancias de Miquel Montero Quadras se desplazaron a Bélgica (…) para asesorar y colaborar presencialmente en la creación de las aplicaciones digitales relacionadas con el Consell per la República Catalana».

Roger Vilaseca Díaz

La Guardia Civil lo sitúa en las mismas actividades que a Ollé pero en su caso sospechan que sería el único de los 30 investigados que «recibe remuneración por los servicios prestados». Además, es especialmente activo en los actos conocidos como «Birres per la República».

Jordi Domingo Ceperuelo

Se le acusa de pertenecer a la estructura del Consell Per la República y es captado en una llamada «para informarse debidamente para implementar un «consell local» en el municipio donde reside, quedando nuevamente acreditada su implicación en el entramado global secesionista impulsor de iniciativas sediciosas para conseguir la secesión de Cataluña».

Josep Lluís B.S.

«Ejerce como interino en la Policía Municipal del Ayuntamiento (…)», además la Guardia Civil pone de manifiesto su «implicación personal con el grupo «Vent de Gregal», grupo de carácter independentista formado por guardias urbanos y policías locales en el que el investigado se erige como uno de sus máximos responsables».

Francesc B. O.

Subinspector en retiro de la Guardia Urbana de Barcelona, se le acusa de la «creación de un nuevo sindicato policial de marcado carácter independentista bajo el paraguas intersindical CSC, sindicato con el que participó en las elecciones (…) en el Ayuntamiento de Barcelona consiguiendo una representación de ocho miembros».

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Francesc B.O.

Silvia P. C.

Guardia Urbana y pareja sentimental del anterior. Se la acusa de haber asistido a las dos reuniones corroboradas del CNI catalán, facilitando su domicilio habitual como espacio para efectuar la primera de ellas.

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Silvia P.C.

Jaume S. E.

Otro guardia urbano que mantuvo conversaciones con B. O. para desarrollar «un argumentario para la creación de una República Catalana en forma de República Digital».

Francesc C.F.

Este policía del Servicio de Información de los Mossos d’Esquadra está acusado de formar parte de «Escudos por la República, donde ha sido designado por su principal dirigente Gonyalons Iglesias para ocupar un cargo de especial relevancia como coordinador de la zona donde reside (…) así como responsable de la seguridad cuando se organicen reuniones grupales en tal demarcación», asegura el informe de la Benemérita.

Lluís Borrás Colomé

Integrante de «Bomberos por la República», está acusado de «promocionar diversos actos de apoyo y reivindicación promovidos a favor de los mismos (políticos catalanes entonces presos) llegando incluso a participar de forma activa y directa en alguno de ellos».

Ana María Z. L.

Agente de los Mossos d’Esquadra, «ha ejercido un papel preponderante y especialmente relevante en lo referido a la conformación de la organización clandestina Escuts per la República».

Asumpció Castellví Auví

Ocupaba un cargo en el secretariado nacional de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) durante el mandato de Jordi Sánchez, entonces en prisión preventiva.

Noemí García Fidalgo

Se la acusa de formar parte de la ejecutiva del «Consell per la República». En la intervenciones telefónicas de la Guardia Civil, «asegura que se ha comprometido directamente con Sergi Miquel Gutiérrez, director de la Casa de la República en Waterloo».

Lluís Torrent Maynau

Integrante de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y presidente de la Fundación Pagesos Solidarios. «Detectado en las dos reuniones acontecidas por parte del denominado CNI catalán», según la Guardia Civil, que lo acusa también de sedición.

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Lluis Torrent.

Albert D. M.

Agente de los Mossos d’Esquadra, del que los investigadores dicen que «se puede confirmar su dedicación casi en exclusiva a actividades de índole independentista».

Frances Xavier Solé Carbonell

De este investigado por sedición sólo hay una pequeña acotación, en la que se dice que «continúan las indagaciones oportunas».

Daniel Queralt i Creus

La Guardia Civil dice en su documento que «formó parte activa en las dos reuniones detectadas del grupo denominado CNI catalán».

Roger Cumeras Viladecans

«Se constata la continuidad de sus actividades relacionadas con los Comités de Defensa de la República (CDR) como miembro de la Comisión Nacional de Interlocución», recoge el informe judicial.

Guillem Xavier Duch Palau

Para la Benemérita, es «integrante del equipo de respuesta táctica del análisis de la observación telefónica se obtiene y determina que el investigado participó de forma muy activa en el intento de organización y dinamización de una acción que consistiría en el levantamiento de barreras del Peaje de Martorell».

Xavier Buigas Llobet

El informe judicial sostiene que «el presente investigado continúa erigiéndose como líder dentro de la organización independentista radical, realizando labores de todo tipo dentro del esquema del CDR».

Ferrán Jolís Guardiola

Considerado miembro de los CDR por la Guardia Civil utiliza «un lenguaje previamente convenido con sus interlocutores que combina con el uso de la aplicación de telefonía ultrasecurizada Signal» además este acusado de sedición, «muestra un alto grado de radicalidad ideológica»

Eduardo Garzón Bravo

Otro CDR que «ha continuado implicado en su actividad militante en el seno del CDR de (…) y el Grupo de Acciones y Movilizaciones».

Robert Garrigós Castro

«El investigado presenta un perfil radical independentista exacerbado (…). En la actualidad ha formalizado su alta como afiliado al Sindicato Independentista Intersindical (CSC) en el que se encuentra exclusivamente volcado», refleja el sumario.

Clara Borrero Espejo

Otra CDR acusada de sedición que tendría «gran implicación con el grupo «9+a Lledoners, ya que uno de los encausados es su pareja David Budria Altadill y otros son de círculo más cercano, como es el caso de Eduardo Garzón Bravo (…)».

David Budria Altadill

Investigado por sus actividades en el CDR y por haber preparado, sin realizar, una acción contra la circulación en la AP 7, según los investigadores, que lo acusan de sedición.

Laura Gené Sanz

Considerada interlocutor «tanto en el aparato antirrepresivo con diferentes entidades del ámbito independentista (Poble Lliure, Hora Bruixa, Calm, Cup, etc…)».

Robert Morral Segarra

«Tiene como cometido fundamental dentro de la estructura de los CDR la de «interlocución» con otras entidades del ámbito independentista, antifascista o antisistema, además de su pertenencia al Grupo Nacional de Acciones, mantiene contacto con varios de los investigados», según el sumario. Morral acudió a una contramanifestación contra un acto autorizado del partido político Vox en Cataluña.

Jordi Ros Solá

«El investigado perteneciente al Equipo de Respuesta Táctica identificado como Jordi Ros Solá denota un alto perfil de extremismo y radicalidad, siendo uno de los elementos de mayor iniciativa y actividad en las acciones ejecutadas por el grupo en los últimos tiempos», asegura el informe judicial. Jordi Ros está acusado de comprar varios elementos químicos sobre lo que ya informó OKDIARIO y de haberse interesado en «comprar 200 kilogramos de parafina» y está acusado de sedición.

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