Esquinazo de Sánchez a los mayores: se niega a legislar medidas frente a la brecha digital en los bancos

Pese a las múltiples fotos de Nadia Calviño con Carlos San Juan -el impulsor de la iniciativa ‘Soy mayor, no idiota’-, a la hora de la realidad, el Gobierno ha dado un esquinazo a la iniciativa del PP para acabar con la brecha digital en los servicios bancarios. El PP quería que se aprovechara la tramitación de la reforma de la ley de protección a los consumidores para utilizar las oficinas y equipos de Correos para garantizar la presencia física de empleados que asistieran en cada pueblo a los mayores en sus operaciones bancarias y los socialistas han salido en dirección contraria. Oportunidad perdida.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, no renunció a las fotos con el ya mediático Carlos San Juan. Calviño, de hecho, aseguró que «las personas mayores no están teniendo el servicio que merecen» por parte de los bancos. Es más, anunció un catálogo «eficiente» de medidas para garantizar la inclusión financiera de las personas inmersas en la brecha digital.
Las palabras de la vicepresidenta fueron lanzadas cuando volvía a la sede del Ministerio de Economía. El mismo momento en el que aprovechó para saludar en la puerta al jubilado Carlos San Juan, quien acudía en ese momento para entregar las 600.000 firmas que había conseguido sumar en su campaña ‘Soy mayor, no idiota’.
Pero las semanas han pasado. Y parece que las ganas de solucionar el problema también. El PP reclamó un cambio legislativo urgente “al amparo de lo establecido en el artículo 1 de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre Tramitación de las Mociones”. Con ese mecanismo exigió “establecer las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención presencial en los servicios financieros bancarios a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por “brecha digital”.
Nada ha gustado al PSOE
Entre ellas, poner los medios, oficinas y equipos de Correos al servicio de los mayores en todas las localidades de España para poder ofrecer atención presencial bancaria a los mayores. Pero nada de ello le ha gustado al PSOE. Los socialistas se han negado a aceptarlo y lo han cambiado por “promover”en coordinación con “el Banco de España” un plan genérico de “medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables”. Pero sin ninguna exigencia legal concreta y expresa.
De hecho, lo único algo más expreso que figura entre los compromisos de los socialistas apunta a “promover en el plazo de tres meses” los cambios legales necesarios. Pero, claro, con la reforma legal de protección a los consumidores ya cerrada.
La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Riolobos, ha denunciado que el Ejecutivo rechace la propuesta para aprobar por ley la exigencia del PP para que “la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las entidades bancarias presten sus servicios financieros, a través de las oficinas de Correos, para dar cobertura suficiente en el medio rural, donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos”.
El PP señala que es “una oportunidad perdida incluir en la Ley sólo declaraciones de intenciones y no compromisos firmes para atajar la deshumanización de la atención bancaria a los mayores, a los consumidores sin destrezas digitales y a los que están en situación de vulnerabilidad”. “El protocolo firmado por el Gobierno y la banca es un catálogo de medidas, una declaración de intenciones y sin control independiente”, subraya Riolobos.
El PP afirma que el escenario es preocupante porque el 68,4% de los hogares con mayores 65 años están en situación de apagón digital, cuando se han cerrado 20.000 sucursales bancarias mientras el 42% de los mayores no usa banca on line y el 74% usa dinero en efectivo. Y acusa al ministro Garzón de generar una más que “escasa protección a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad, ya que la ley es poco efectiva, legaliza la ocupación ilegal de viviendas y se quedan en un “brindis al sol” las soluciones a los problemas de los usuarios de la banca: “Esta ley blinda al okupa, legitima la ocupación y ataca a la propiedad privada, en un momento grave en que cada día 49 viviendas son usurpadas en España”, subraya Riolobos.
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