ERC quiere meter mano en la Hacienda nacional: pide un nuevo cuerpo de persecución del fraude

ERC ya no sólo realiza exigencias con respecto a Cataluña: ahora también reclama reforma en toda la Hacienda nacional. Su objetivo pasa por crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda en el que “concentrar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados”. Y en el rediseño quieren estar ellos, ERC.

ERC ya ha trasladado al Congreso de los Diputados un documento con su rediseño de la Agencia Tributaria. Pero no de la autonómica, que ya la rediseñaron en su momento para impulsar la separación de Cataluña del resto de España. Ahora quieren el rediseño de la nacional.

Su plan pivota en torno a dos ejes muy básicos. El primero, el de “cumplir, en el plazo máximo de un mes, con la disposición adicional sexta de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de aprobación de la normativa”, todo ello con el propósito de “que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea AEAT para cubrir las necesidades de inspección y control del gran fraude fiscal”.

Es decir, para incrementar el personal de la Agencia Tributaria en la persecución del fraude fiscal. El segundo de los ejes de esa reforma pretende “crear, en el plazo de tres meses, el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para concentrar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados”.

La explicación de ERC da una idea de la magnitud de la reforma diseñada por los separatistas para toda España. Según sus argumentos, “el incremento de los recursos personales dedicados a la lucha contra el fraude fiscal es una medida esencial para avanzar en el seguimiento y lucha de los grandes delincuentes fiscales” y citan como evidencia de “delincuencia fiscal” a las “grandes empresas y fortunas”.

Ranking europeo

ERC asegura que “el estado español ocupa el penúltimo puesto en el ranking europeo del número de empleados en las Administraciones tributarias europeas, respecto a la Población total y respecto a la Población activa, según el informe de administraciones tributarias 2019 de la OCDE”. Y su misma línea argumental afirma que “este hecho supone que a cada empleado tributario en el Estado español le corresponde una carga potencial de entre 632 y 706 ciudadanos más respectivamente que a la media ponderada en la UE-27 y en la Zona Euro-19”.

Asimismo, los separatistas señalan que “la OCDE en su informe de 2019 destaca a la Administración Tributaria española por ser una de las más envejecidas del mundo, señalando que sólo el 20% de sus empleados tiene menos de 45 años”.

El cálculo de ERC es potente: “Para equipararse a las medias ponderadas de edad europeas, el estado español tendría que contar con entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en el estado, y poder recaudar a medio plazo cerca de 34.500 millones adicionales cada año, según los Técnicos de Hacienda (Gestha), lo cual exige de unas convocatorias de Ofertas de Empleo Público anuales de forma gradual durante 8 o 10 años para asegurar el acceso a la función pública con igualdad, mérito y capacidad que se requiere para mejorar el servicio público”.

ERC añade que durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, su grupo Parlamentario “incorporó enmiendas al proyecto de Ley” con el fin de “resolver este déficit de recursos humanos en la lucha contra el fraude fiscal respecto a otras economías europeas.

Plazo de 6 meses

Así, finalmente se incorporó en la Ley una nueva Disposición adicional sexta, donde el Gobierno se comprometía a “dictar la normativa necesaria, en el plazo de seis meses, para que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea”. Sin embargo, ese plazo de 6 meses finalizó el pasado 11 de enero de 2022 “sin que, hoy en día, se aprecie ningún avance en esta materia”, subraya ERC.

Pero ERC ve, además “imprescindible la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que permitiría aumentar las responsabilidades del 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, el control de la legalidad en los Tribunales económico-administrativos y el 90,8% de los funcionarios del grupo A con competencias superiores en la IGAE en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones”.

Este nuevo cuerpo, adscrito al A1, debería concentrar, según el plan de ERC, la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados, “mientras que las personas particulares, trabajadores autónomos y pymes, preferentemente, podrían recibir cartas detallando las eventuales discrepancias para que puedan justificarlas o en caso contrario, presentar voluntariamente declaraciones complementarias”.