Imputan al PP por blanqueo de capitales en el ‘Caso Imelsa’

El juez del ‘caso Imelsa’ ha ofrecido declarar a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa por blanqueo de dinero por la que se encuentra imputado su equipo de la anterior legislatura.

El instructor ha levantado este lunes, tal como estaba previsto, el secreto de sumario de la pieza separada de blanqueo que afecta al grupo municipal del PP de la ciudad de Valencia y ha prorrogado un mes más, hasta el 14 de abril, el secreto de la pieza principal del ‘caso Imelsa’.

Asimismo, ha acordado practicar más diligencias antes de resolver sobre los dos aforados en la causa, el diputado de Las Cortes Valencianas y ex concejal, Miquel Domínguez, y la senadora Rita Barberá. En este sentido, les ha ofrecido a ambos declarar voluntariamente antes de elevar la causa a los tribunales correspondientes por su condición de aforados: el Trubunal Supremo ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora; y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, competente para investigar a Domínguez por ser diputado autonómico.

Entiende el Ministerio Público que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están imputadas 48 personas (concejales, ex concejales, asesores y ex asesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al Partido Popular.

En la pieza separada, con 48 personas imputadas más el Partido Popular, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

En el Consistorio de Valencia hay en la actualidad nueve de diez concejales del PP investigados (antes imputados) por supuesto blanqueo de capitales. Ediles y asesores de Rita Barberá apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo con 1.000 euros propios cada uno y ahora se investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña de la ex alcaldesa, y si esos 1.000 euros los recibieron los ediles en b del partido después de haberlos ingresado en la cuenta oficial que la organización tenía para la campaña electoral de mayo de 2015.

Los concejales y asesores confirman que les pidieron 1.000 euros para la campaña pero mantienen su inocencia y niegan que les devolvieran el dinero en b. Ninguno de ellos atribuye esta petición a otro fin que el de ayudar a los gastos de la campaña.

Cita de nuevo a 4 imputados

El titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de nuevo a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar.

Se trata del concejal Alfonso Novo, la ex edil María José Alcón, la ex secretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster y la secretaria de ésta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían, al menos indiciariamente, “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. En este sentido, tendrán que declarar de nuevo ante el juez el día 8 de abril.

En el ‘caso Imelsa’, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga, hay 115 investigados por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana.