Dolors Montserrat, ministra de Sanidad tras diez años como diputada

La nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es una de las principales dirigentes del PP catalán, en el que no ha dejado de ganar peso en los últimos años.

Dolors Montserrat es diputada en el Congreso desde 2008, en las IX, X, XI y XII legislaturas, y ha sido vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y ahora era portavoz adjunta del grupo popular en la Cámara Baja.

Licenciada en Derecho por la Universidad Abad Oliba CEU (Barcelona), cursó el último año de licenciatura en la Universitá degli Studi Di Ferrara (Italia). De hecho, antes de la universidad, ya había cursado estudios en el extranjero, ya que hizo el COU en Memphis (Estados Unidos).

Montserrat, que es colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ejerce desde 1997 de abogada con despacho propio especializado en Derecho Urbanístico, Inmobiliario y Ambiental, y también ejerció de abogada de oficio desde 1997 a 2004.

Ha realizado asimismo un programa de Derecho Agrario Comunitario impartido por la Università degli Studi di Ferrara; un posgrado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario por la Universidad Pompeu Fabra; un posgrado de Mediación y Negociación por la Universidad de Barcelona; un programa de Derecho Inmobiliario y Urbanístico impartido por ESADE; y un programa de Dirección de empresas Inmobiliarias por IESE.

Afiliada al PP desde 1992, ha sido concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia y desde 1994 es miembro del Comité Ejecutivo del PP Catalán, donde ocupa el cargo de viceprimera secretaria de Organización y ha dirigido campañas electorales.

Originaria de la tierra del cava en Cataluña, Montserrat es presidenta de la Junta de los Jóvenes Cofrades del Cava de Sant Sadurní D’Anoia, y destaca por un carácter afable, cercano y natural, además de por su energía y vitalidad, como se evidencia en su tendencia a expresarse a mucha velocidad.

Abolir la violencia de género como gran reto

Dolors Montserrat deberá hacerse cargo de uno de los pactos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a alcanzar en la presente legislatura, el de luchar contra la violencia de género. Algo que, probablemente, implicará una reforma de la Ley integral.

El objetivo será reducir el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y, concretamente, el de aquellas que habían presentado denuncia previa contra su agresor, que son el 42,8% de los casos.

Del total de 35 mujeres víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año 2016, 15 habían presentado denuncia y seis la retiraron. Además, diez de ellas solicitaron y obtuvieron medidas de protección y cinco tenían estas medidas en vigor en el momento de su asesinato. Estas mujeres dejaron huérfanos a un total de 24 menores.

Este pacto deberá contemplar probablemente, como ya ha reclamado el Congreso de los Diputados, la apertura de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género a otras formas de violencia como las agresiones sexuales, la trata con fines de esclavitud, el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina que por tener lugar fuera del ámbito de la pareja no figuran en la Ley pero que deberán ser incluidas para cumplir el Convenio de Estambul ratificado en 2014 y las recomendaciones de la ONU, que pide al Estado ambición en este sentido.

La actual Ley Integral nació en el año 2004 a propuesta del PSOE y fue aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Congreso. Se decidió entonces poner el foco en la violencia que acontece dentro del ámbito de la relación de pareja por ser la más extendida en España y también la más silenciada. Doce años después, hay cuórum en las organizaciones sociales y los principales partidos sobre la necesidad de recoger otras manifestaciones violentas de la misma desigualdad.

Además, la nueva ministra tendrá que seguir abordando el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y conseguir reducir la lista de espera. Según datos a 30 de septiembre, tres de cada diez personas con derecho reconocido a recibir una prestación por una situación de dependencia reconocida no reciben todavía ningún tipo de ayuda por parte del Sistema.

Así, son 363.216 los dependientes reconocidos que permanecen en lista de espera para recibir prestaciones solicitadas, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizados a fecha del 30 de septiembre. En total, el número de personas que reciben prestación se ha incrementado en 5.404 personas respecto al pasado mes de agosto y se sitúa en un total de 847.747 personas que reciben 1.047.898 prestaciones.

Por otro lado, la nueva legislatura arranca con el debate abierto de la conciliación. PP, PSOE y Ciudadanos propusieron en sus programas electorales finalizar la jornada de trabajo antes de las 18,00 horas para facilitar la conciliación laboral y familiar.

Otras de las medidas que podría abordar es la de un banco de horas para que los empleados puedan disponer de ellas cuando las necesiten. Por su parte, Podemos planteó reducir la jornada laboral a las 35 horas semanales. Todas las formaciones apostaron en sus programas por premiar a las empresas con horarios racionales. De igual modo, Mariano Rajoy propuso el cambio de huso horario para igualarse a Portugal o Reino Unido.

En cuanto a los permisos de maternidad y paternidad, el PP planteó aumentar en diez días más el permiso de paternidad a padres con discapacidad o que tengan hijos con discapacidad, mientras que PSOE apuesta por aumentarlo progresivamente hasta equipararlo al de las mujeres, Ciudadanos opta por 26 semanas, de las cuales ocho serían para el padre, otras tantas para la madre y el resto se repartirían, y Podemos propone permisos intransferibles y de igual duración para ambos progenitores.

Por otro lado, el nuevo Gobierno deberá implicarse en la reducción de la pobreza severa en España que sigue aumentando y ya afecta a más de 3,5 millones de personas, el 7,6% de la población, según el último informe de la Red Europa de la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN), que utiliza el indicador europeo AROPE. Además, según denunció Save The Children este mes de octubre, el 16,7% de los niños españoles sufren también este tipo de pobreza.