Puig y Oltra montan una Stasi lingüística para hacer listas negras sin el control de Protección de Datos

El gobierno valenciano de PSOE y los nacionalistas de Compromís no serán tibios en la aplicación del decretazo para imponer su dictadura lingüística de catalanización. Una autodenominada ‘Oficina de derechos lingüísticos’ velará por su aplicación y canalizará “las reclamaciones, sugerencias y consultas por discriminación lingüística que formule la ciudadanía”. Se ha habilitado un registro de infracciones e infractores.

En el decreto que regula esta ‘Stasi’ lingüística “no aparece ni la más mínima mención a la política de protección de datos de carácter personal a pesar de que se van a generar ficheros con reclamaciones, sugerencias o consultas sobre una materia tan sensible como los derechos lingüísticos de la ciudadanía”, según la denuncia que el asesor del PP Luis Salom ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Asimismo, resulta totalmente imposible el ejercicio de derechos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de la web de la propia Oficina, no existiendo ninguna información al respecto.

La ‘Stasi’ lingüística está en manos del consejero Vicente Marzà, de Compromís, la formación de izquierdas, nacionalista y pancatalanista que gobierna en colación con los socialistas de Ximo Puig.

La ‘Oficina’ que se encargará de la pureza lingüística en la Comunidad Valenciana ha nacido ajena al control de la AEPD, donde al día de hoy es imposible encontrar el registro de un fichero de datos de la nueva oficina para la gestión, tramitación y seguimiento de los escritos de reclamaciones, sugerencias o consultas.

La sustracción a la AEPD del control de la información confidencial que gestionará la ‘Stasi’ lingüística otorga un amplio margen de maniobra al consejero de Compromís bajo el pretexto del asesoramiento a las instituciones y particulares en el ejercicio de los derechos lingüísticos, otro de los objetivos de la ‘Oficina’.

Temor a las lisas negras

Aunque la ‘Oficina’ no tiene carácter sancionador, sí dispone de un registro en el que se cumplimenta información sobre el denunciante, el motivo de la reclamación y los datos (departamento o administración en el caso de ser entidades públicas, y nombre domicilio, código postal, localidad, provincia y teléfono de las personas y empresas) de los denunciados. Ese registro de vulneraciones de derechos, de infracciones e infractores, ajeno al control de la AEPD, es el que hace temer al PP que dicho registro servirá para la elaboración de “listas negras de malos valencianos”.

Marzá, por su parte, asegura que la ‘Oficina’ solo tiene como objetivo “avanzar en la consolidación de derechos”. «Para progresar en derechos alguien tiene que ayudar, informar a las dos partes y mediar, y eso es lo que es la Oficina de Derechos Lingüísticos, abierta a toda la ciudadanía para que no haya discriminación lingüística en el territorio», asegura el consejero nacionalista.