La derogación de la prisión permanente obligará al Constitucional a archivar el recurso sin decidir

La previsible derogación de la prisión permanente revisable -la propuesta del PNV que se votará este jueves en el Congreso- hará decaer el recurso que el PSOE presentó en 2015 en el Tribunal Constitucional. Esto implica, por tanto, que una vez se derogue no sea posible conocer el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre su constitucionalidad.

El criterio es importante porque numerosos juristas insisten en que la pena se adapta a la Carta Magna en tanto ésta no recoge, como indican sus críticos, que el fin de la prisión deba ser la reinserción.

En concreto, el artículo 25.2 dice textualmente: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad».

Es decir, la propia Constitución deja la puerta abierta tanto al juez como al legislador para que determine, en su caso, las medidas que considere.

En 2015, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de PSOE, IU, Convergència, Izquierda Plural, UpyD, el Grupo Parlamentario Vasco y Mixto -luego unificados- contra la entonces recientemente aprobada ley de la prisión permanente revisable. Alegaban que se vulneraban varios artículos constitucionales. Entre ellos, el 25.2, el que, según fuentes jurídicas, podría generar más dudas.

Los otros tres son difícilmente aplicables: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento» (25.1), «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra» (15)  y «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad» (17). El que genera más dudas, de acuerdo a fuentes jurídicas, para determinar la constitucionalidad de la mencionada pena sería el 25.2.

El Tribunal Constitucional no tiene previsto pronunciarse en las próximas fechas sobre el recurso. Y por tanto, si el jueves se vota la derogación de la prisión permanente, el tribunal no entrará al fondo de la cuestión.

El PSOE quiere frenar el debate

Entre tanto, el PSOE trata de frenar el debate en el Congreso, este jueves, en el que se votará la proposición del PNV para derogar la prisión permanente revisable y que, previsiblemente, será aprobada con el voto de PSOE, Podemos e independentistas. Además, la Cámara se pronunciará sobre las dos enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Ciudadanos para evitarlo y endurecer los términos de la pena.

La portavoz socialista, Margarita Robles, consideró que el debate parlamentario «se produce por un cálculo electoral y de competencia entre PP y Ciudadanos» y «en un momento en el que estamos consternados» por la trágica muerte del pequeño Gabriel Cruz. 

No obstante, y pese a la presión social, los socialistas no han movido su voto. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, insistió estos días en que pese a «compartir el dolor» por el asesinato «la prisión permanente no es constitucional». La formación critica que se trate de lo que ha tachado de «prisión permanente encubierta» e insiste en la finalidad de la «reinserción». «Hablamos de derechos y libertades. Creemos que la finalidad de la prisión es la reinserción social, y eso es lo que defiende este partido». No obstante, Lastra ha admitido que «cuando más se endurecieron las penas fue cuando gobernaba el PSOE».