Los consulados admiten «expedientes incompletos» para agilizar el derecho a voto de nietos de exiliados

Los consulados admitieron expedientes incompletos de solicitud de la nacionalidad española por la conocida como Ley de Nietos lo que permitió ampliar el número de descendientes acogidos al procedimiento. Así ocurrió por ejemplo en el consulado general de España en Caracas. «Dado que la Ley de Memoria Democrática va a finalizar su vigencia se permitirá presentar casos incompletos y sólo se requerirá la subsanación cuando sean examinados -plazo aproximado de 18 meses- dando tiempo así a reunir la documentación», aclaraba el consulado en agosto de 2025, dos meses antes de que expirase el plazo para solicitar la nacionalidad.

Esto evitó que los descendientes que no hubiesen podido reunir toda la documentación a tiempo, al ser citados por el consulado para su presentación, perdiesen la oportunidad de adquirir la nacionalidad.

También el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao, afirmó hace unos meses, durante una charla informativa, que el consulado había «aceptado expedientes incompletos» lo que implicaba «un trabajo adicional de subsanación». En consecuencia, se permitió ampliar el número de descendientes de emigrantes españoles que pudieron solicitar la nacionalidad aun sin disponer de todos los documentos exigidos al momento de su presentación.

OKDIARIO ha venido revelando el proceso de nacionalización masiva desplegado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que trasciende la Ley de Memoria Democrática que salió de las Cortes en octubre de 2022.

Fue la instrucción posterior que desarrolló esta ley, firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia—, la que reinterpretó su alcance, permitiendo que no sólo los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo solicitasen la nacionalidad española sino cualquier descendiente de prácticamente cualquier emigrante español. Esto ha provocado, como desveló este periódico, que incluso los descendientes de españoles que partieron a América Latina en el siglo XIX se estén beneficiando de la medida. Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

El proceso de nacionalización está en el centro del debate político por su evidente impacto en el censo electoral. Un vídeo publicado en este diario descubrió la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP. Cabe recordar que el partido de Pedro Sánchez fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales celebrados -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- pese a imponerse el PP de forma holgada en todos ellos.

Aviso de la Junta Electoral

En este sentido, una de las principales polémicas es la inscripción de los nuevos españoles con vistas a su participación en los futuros comicios. Cuatro vocales de la Junta Electoral ya han alertado de que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral porque la instrucción de Justicia abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia ley. Así, critican que mientras la Ley de Memoria permite solicitar la nacionalidad a descendientes de españoles cuyo exilio respondiera a «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual», la instrucción va más allá y extiende el derecho a familiares de quienes hubieran dejado España por «motivos económicos, laborales, matrimoniales, académicos o de otra índole».

«Lo que se pensó para unas pocas decenas de miles de personas se generalizó a cualquier persona que se hubiera marchado de España (por ejemplo, por razones económicas) y se amplió la posibilidad de obtener la nacionalidad a cualquier persona que fuese descendiente de quien originariamente hubiera sido español, cualquiera que fuese la causa de la pérdida de la nacionalidad o de la salida, ampliándolo así a centenares de miles de personas, en contra de la voluntad del legislador», abundaron los vocales.

Tras ello, el Partido Popular ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción, un paso que también dio Vox hace unas semanas.