El Constitucional rechaza el intento del Senado de reactivar el asalto de Sánchez a la Justicia

El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del Senado contra la decisión de suspender la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de las dos enmiendas con las que Pedro Sánchez pretendía el asalto a la propia Corte de Garantías. Como avanzó OKDIARIO, el Constitucional ha desestimado, por mayoría de seis votos frente a cinco, el recurso presentado este miércoles por el Senado, que se ha examinado en un pleno convocado de urgencia que ha comenzado a las siete de la tarde. De esta forma, ratifica la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria de estas enmiendas tras aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular.

La sede legislativa solicitaba que se resolviese dicha impugnación antes de este jueves, por ser ésta la fecha prevista para el debate y la votación en el Senado de la proposición de ley que deroga la sedición y reforma de la malversación, en la que iban incluidas esas enmiendas.

Además, el Ministerio Público defendía las alegaciones formuladas por el Senado, indicando que, a su entender, la queja de la Cámara Alta estaba bien fundada. Según la Fiscalía, la suspensión del debate y la votación parlamentaria de dichas enmiendas se adoptó con premura y sin precedentes.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, tuvo que convocar el pleno extraordinario con apenas unas horas de margen, después de que el Senado formulara un recurso de súplica para intentar levantar las medidas cautelarísimas que el TC acordó hace dos días a instancias del PP.

La intención del Senado era llegar a tiempo para que en su pleno de este jueves se pudiera debatir y votar la proposición de ley con todas sus enmiendas, de modo que quedara aprobada definitivamente el asalto de Sánchez a la Justicia, que fue aprobado en el Congreso de los Diputados.

En su recurso, el Senado defendía que «la suspensión ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el Poder Legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales (Congreso y Senado), que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas».

La Cámara Alta avisaba además de que la paralización de la tramitación parlamentaria se trata de «una actuación desproporcionada» que constituye «un precedente de impredecibles consecuencias».