El Pleno del Constitucional se reúne hoy para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal.
A las 12:30 horas el presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno extraordinario para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.
El Gobierno pide al tribunal que declare nula y sin efecto jurídico alguna la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.
Pero el Ejecutivo no sólo pide la nulidad de la resolución, sino que estudie la aplicación de medidas coercitivas, pues el alto tribunal ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de «desconexión» de Cataluña con el resto de España.
Entre las medidas que pide el Gobierno, destaca la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.
La petición del Gobierno es que el Constitucional «proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal» que pudiera corresponder a Forcadell.
Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que «directa o indirectamente» pretenda dar cumplimiento a esa resolución.
O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución.
En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.
Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP y que tienen como objetivo cumplir un pronunciamiento del tribunal.
El Gobierno quiere que, dada la «extremada relevancia constitucional del caso», el Tribunal «se pronuncie lo antes posible» sobre el incidente.
Además, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución que determina que la impugnación por el Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad autónoma conlleve su inmediata suspensión durante cinco meses.
