Conde-Pumpido acusa al Supremo de que su interpretación de la amnistía es «contraria a la ley»

La ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acusa al Tribunal Supremo de que su interpretación para no aplicar la amnistía al delito de malversación a los líderes del procés es «manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley».

Pumpido propone el dictado de «una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos», además, pide que se tome «en consideración el carácter preferente y urgente» de la Ley de Amnistía.

Se prevé que siete altos cargos políticos independentistas se vean beneficiados de la amnistía después de que el Tribunal Constitucional que preside Pumpido otorgue el amparo a Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo de la Generalitat, y a Jordi Turull, ambos condenados por malversación de fondos públicos para el procés. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Antoni Comín, Lluís Puig y Carles Puigdemont son los otros beneficiados por la amnistía.

Conde-Pumpido, en la ponencia, plantea al Constitucional acordar la retroacción del procedimiento «a fin de que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos», tal y como ha adelantado El Mundo.

El presidente del TC dice que la interpretación del Supremo «conduce a una drástica contracción de las posibilidades de aplicación de la amnistía a los delitos de malversación cometidos para sufragar las consultas y el proceso independentista en Cataluña, manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta».

En su opinión, lo que hizo el Supremo no fue una interpretación estricta de la Ley «sino de una reducción teleológica en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma».

Los beneficiados de la amnistía

El pasado martes, la corte de garantías decidió amnistiar el delito de malversación al ex consejaro catalán Jordi Turull, lo que daba luz verde al regreso del ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar de inmediato.

El tribunal tomó esta decisión una vez que el magistrado conservador José María Macías, que respaldaba la postura del Supremo, retiró su ponencia y asumió redactar otra para el pleno del 6 de octubre que recoja los argumentos de la mayoría para estimar el recurso de Turull, de repercusión directa para Carles Puigdemont.

Ese día se votarán dos resoluciones, la ponencia de Macías, que ya es estimatoria, y la de Conde-Pumpido, que también concederá el amparo a la ex consejera Dolors Bassa.

El presidente del TC destaca que la Ley de amnistía cuenta con una explicación razonable de motivos en el preámbulo que identifica el fin constitucional al que responde, “buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña”

De esta forma, entiende que el Supremo «no sólo ha incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables, sino que, además, al apartarse de la finalidad de la Ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía».

Por eso, considera que la conclusión de amnistiar la malversación es «la única conciliable no sólo con las reglas de la lógica y del sentido común, sino también con una interpretación de la Ley de Amnistía que atienda a su espíritu y finalidad, así como a su propia génesis» ante «la manifiesta falta de coherencia» del Supremo.

En base a ello, Pumpido propone al Constitucional que ordene al alto tribunal que «dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación» por el que fue condenada Bassa «tomando en consideración, además, el carácter preferente y urgente de la misma». Fuentes jurídicas confían en que el Constitucional fije con Turull y Bassa una doctrina contundente sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía.

Por este motivo, el juez del Supremo Pablo Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont –así como con los ex consejetos que huyeron con él Antoni Comín y Lluis Puig– no sólo retirando la orden de detención, sino también aplicando la amnistía a la malversación.