Caso ERE: La interventora dice que el uso «inadecuado» de las transferencias era «habitual»

Rocío Marcos, la ex interventora general de la Junta (lo fue entre abril de 2010 y mayo de 2012) y con más de 30 años en distintos puestos de la Intervención autonómica, ha insistido este miércoles en que las irregularidades administrativas detectadas en el procedimiento de concesión de ayudas de los ERE no son delito.

Marcos ha declarado en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Esta declaración ha finalizado este miércoles después de más de dos días y medio respondiendo a preguntas de las partes. La ex interventora general ha insistido en una idea que ya defendió este martes y es que no son delito las irregularidades administrativas detectadas en el marco de la fiscalización realizada por la intervención a través Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente que materalizaba el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

En concreto, IFA/IDEA, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 con la Consejería de Empleo, materializaba las ayudas con fondos del programa presupuestario 31L que la Dirección General de Trabajo allegaba al ente a través de transferencias de financiación.

Marcos, que durante su declaración ha calificado el uso de las transferencias de financiación como «inadecuado» pero no ilegal, ha señalado que «el procedimiento -de concesión de ayudas- inadecuado» no es lo mismo que ilegal, si no que «hace referencia a irregularidades administrativas pero no necesariamente ilegal».

Conocimiento del sistema

Para las defensas el sistema de concesión de ayudas sociolaborales era conocido por el Parlamento pues en las leyes de Presupuestos de la Junta se recogía una partida presupuestaria en la que se reflejaba la transferencia de fondos de Empleo a IFA/IDEA para ayudas sociolaborales, en virtud del convenio marco.

Por contra, a juicio de Marcos y como ya dijera este martes, para un lector «normal» del Presupuesto el convenio marco, que no fue publicado, «no significaba nada», añadiendo que «no cree que mucha gente lo conociera» -el convenio marco-.

«Para muchos de los que lo conocían, el convenio marco estaba apoyado por el Presupuesto de la Junta, aunque en las memorias no se cita dicho convenio ni se recogía el contenido del mismo, pero en mi opinión no lo apoyaba», ha asegurado.

«Que se cite el convenio marco, cuyo contenido no se explicita, en los Presupuestos, no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación», es decir, que se estén usando para un fin distinto al que están destinadas, según la ley, que es financiar actividades propias de las empresas públicas. En este caso, se usaban para el pago de las ayudas.

«Todavía no he visto un documento donde diga que las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo», ha aseverado Rocío Marcos, quien este martes dijo que de la «exclusiva» lectura de la memoria de los Presupuestos o ficha de gasto no se deducía que las ayudas las daba dicha Dirección General, «ni nadie que leyera el Presupuesto lo vería».

Discrepa de la Intervención

De otro lado, Rocío Marcos ha mostrado sus discrepancias con respecto a algunas conclusiones del informe de los peritos de la Intervención General del Estado, solicitado por la juez instructora Mercedes Alaya.

Así, ha considerado «sorprendente» que se diga en ese informe pericial que la Junta no tiene competencias para conceder ayudas sociolaborales. «Me llamó la atención y me extraña que durante 30 años de conferencias sectoriales nunca se haya planteado un conflicto de competencias» por este motivo, ha afirmado.

Además, a su juicio, IFA/IDEA sí tiene potestad subvencionadora, frente a los que dicen los peritos. Por último, ha defendido que las transferencias de financiación «no son ilegales», pues «no tienen defecto de presupuestación», aunque se puedan juzgar los efectos que han tenido por un uso diferente en su finalidad más allá de financiar la actividad de empresas públicas. «No era una presupuestación anormal en absoluto», ha añadido.

Marcos ha insistido en que el uso «inadecuado» de las transferencias de financiación era «habitual», exponiendo como uno los motivos que se destinara para gastos con especificaciones en su objetivo, como venía recogido en el informe de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA en 2005.

Marcos, que ha vuelto a afirmar que conoció que se había dispuesto de «800 millones fuera de control» para la concesión de ayudas en 2010, cuando el caso de los ERE salta a la prensa con Mercasevilla, ha señalado que IDEA, por el convenio marco, «sólo tenía competencias en el pago» de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

Al hilo de esto, ha manifestado que en todos los informes de cumplimiento del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA «se recoge que el procedimiento era irregular, pero en referencia a la actuación seguida en la Consejería de Empleo», aunque ha añadido que «no nos planteamos que estábamos ante un delito».

Menoscabo

Marcos, que este martes dijo que las irregularidades administrativas no suponían menoscabo, ha explicado que el menoscabo de fondos públicos requiere averiguar si se dan circunstancias que supone un perjuicio para la hacienda pública.

En este sentido, ha sido cuestionada por las seis sentencias del Tribunal de Cuentas que condenan a ex directores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez -estos dos encausados en este procedimiento- y Daniel Rivera, a devolver hasta 6,6 millones de euros concedidos en ayudas a empresas en los ERE por suponer menoscabo de fondos públicos.

La testigo, al hilo de esto, ha manifestado que, si el Tribunal de Cuentas se está pronunciando al respecto, «probablemente lo habrá», en referencia al menoscabo.

Entre otras cuestiones, Marcos ha indicado que el titular de Hacienda «no tiene competencias para derogar un convenio entre dos consejerías como el convenio marco». En este proceso judicial se encuentran acusados tres ex consejeros del ramo, Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Igualmente, ha señalado que el decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta no recoge cometido para la Consejería de Hacienda en la resolución de las recomendaciones establecidas en los informes de Control Financiero Permanente sobre entidades auditadas.

En este sentido, ha precisado que lo único que establece es la intervención de Hacienda ante un informe de actuación y tras la discrepancia presentada por la Consejería afectada por el informe de actuación. Por último, Marcos, que ha concluido su declaración antes de finalizar la sesión de mañana del juicio este miércoles, ha asegurado que la Intervención General «no tenía facultad» para ordenar la concesión de las ayudas ni paralizar los pagos en IFA/IDEA.