Casado se compromete a despolitizar por completo la Justicia cuando llegue al Poder

El PP aceptará negociar con Pedro Sánchez una reforma de la Justicia, pero no para politizarla, sino todo lo contrario: para, paso a paso, acabar por despolitizarla del todo. Por ello, aceptará sentarse con los socialistas en estos momentos con tres condiciones:

La primera, la salida de Podemos de cualquier ámbito de decisión en la negociación.

La segunda, la retirada de la propuesta de hiperpolitización planteada ya por Sánchez para designar los vocales del CGPJ por una mera mayoría absoluta y no por los actuales 3/5.

Y, la tercera, la elección de doce vocales del CGPJ directamente por los jueces. Por el momento, y por estar ya presentados los candidatos a vocales, el PP aceptará una preselección por los jueces de una lista previa de 36 candidatos a vocal del CGPJ sobre los que deberán elegir los diputados y senadores, pero el objetivo de la reforma es llegar hasta la elección directa de los vocales por los jueces, tal y como adelantó OKDIARIO.

La reforma definitiva de la Justicia la quiere abordar el PP tras llegar al poder, cuando planteará la vuelta plena al modelo del 78, con la elección por los propios jueces de los 12 vocales del CGPJ que la Constitución mandó elegir por los profesionales de la Justicia.

Fórmula de elección

Mientras el PSOE insiste en su asalto al Poder Judicial, el PP presenta una proposición de ley con el objetivo contrario: despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El texto sienta las bases de una fórmula de elección que limitará la capacidad de designar miembros del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, tal y como adelantó este diario.

El modelo del PP partirá del artículo 122.3 de la Constitución e introducirá un cambio temporal en su desarrollo. Porque el objetivo final es reinstaurar el modelo constitucional al cien por cien. Ese artículo señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión”.

La proposición de ley de los populares reclama la elección directa por los jueces de los 12 a elegir “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”. Pero lo hará tras llegar al poder. Por ahora, y debido a que el proceso de presentación de candidatos a las vocalías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se ha realizado, se aceptará una fórmula mixta: los vocales seguirán siendo elegidos finalmente en las Cortes, tal y como determinó la reforma de 1985, pero con una importante limitación: y es que esa elección política tendrá que ser sobre una preselección previa de 36 nombres llevada a cabo por los jueces, tal y como adelantó este diario el pasado 8 de octubre.

Además, los candidatos que lleguen a esa lista previa tendrán que contar con un número elevado de avales, de forma que deberán gozar de una aceptación generalizada para poder ser admitidos como candidatos.

Exigencias políticas

El cambio sumará exigencias políticas en una posible negociación con el PSOE: que los socialistas retiren la propuesta de elección de los vocales del Consejo, “contraria a la Constitución y a los Tratados Europeos, y que va contra la independencia judicial y la separación de poderes” y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso “como partido imputado que arremete contra el Poder Judicial y contra el Rey”.

El PP quiere dejar clara, de esta manera, su postura, de forma que, en caso de iniciarse negociaciones con los socialistas para renovar los órganos judiciales, sean visibles las bases y los límites admisibles por su parte.
Los populares quieren acabar así con la inyección de continuos rumores sobre una supuesta predisposición a alcanzar un pacto con Pedro Sánchez.

Hay que recordar que Sánchez llegó a anunciar un supuesto pacto de la Justicia con Pablo Casado. Pero lo cierto es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no estaba pactada, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario: porque el PP exigió como condición previa ineludible una reforma que restara politización a la elección de los cargos del Poder Judicial.

Eso sí, Sánchez metió prisa al PP por un motivo. Quería generar en la opinión pública la imagen de que el PP estaba por la labor de un pacto antes de que ocurrieran dos cosas: la primera, la salida de Don Juan Carlos de España -cuestión que conocía y no comunicó al PP-; la segunda, la batalla que Podemos y el propio PSOE preparaban contra la Monarquía. Y necesitaban esa falsa foto de un supuesto prepacto en la Justicia para intentar dejar atrapado al PP antes de que esos dos factores hiciesen imposible cualquier acuerdo por la magnitud del desafío a las instituciones constitucionales españolas.