La ‘brigada antidesafectos’ al Gobierno involucra al CNI y a expertos en antiterrorismo

La ‘caza del bulo’ en las redes que está se está llevando a cabo desde el Ministerio del Interior se ha estructurado a través de una compleja red de cuerpos policiales y centros de coordinación. En el centro de ese esquema se encuentra la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero también están involucrados en el apoyo a estas operaciones elementos del Centro Criptológico Nacional (CCN por sus siglas, dependiente del CNI) o del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El equipo lo forma un centenar de personas.

Una cosa es luchar contra los bulos y otra contra la información crítica para el Gobierno. Parecía que esta distinción entre ambos conceptos era meridianamente clara para el Ejecutivo socialista. Pero las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el teniente general José Manuel Santiago, advirtiendo que trabajan para «minimizar el clima contrario al Gobierno» han despertado dudas sobre cuál es el verdadero enfoque de la lucha gubernamental contra la desinformación, en la que a día de hoy hay involucradas alrededor de un centenar de personas según fuentes de Interior.

El Gobierno ha encargado esta persecución de la desinformación al Ministerio del Interior. Y este ha encargado la misión a una unidad concreta, la Oficina de Coordinación Cibernética. Este grupo, formado por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Está encuadrado bajo el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). El Gobierno ya activó a la OCC en las elecciones de abril del 2019, convocando un ‘Dispositivo Extraordinario de Ciberseguridad’ y dando órdenes para localizar y neutralizar campañas de desinformación.

La principal misión encomendada a la OCC a este respecto consiste en el rastreo de redes para localizar bulos y desinformación con capacidad potencial para causar un daño al Estado. Bien sea a nivel de generar estrés social, alarmas sanitarias o, como dejó entrever el general de la Guardia Civil, en forma de desafección hacia el Gobierno, a pesar de que las primeras órdenes de Interior en el momento de decretar el estado de alarma sólo hacían mención al primero de los escenarios:

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO de varias fuentes policiales, esta tarea no sólo involucra a la OCC. El dispositivo para ‘cazar bulos’ tiene una estructura de red en la que colaboran otros centros y unidades relacionadas con la ciberseguridad a nivel estatal. Por ejemplo, explican, el Centro Criptológico Nacional: la rama del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se ocupa de ciberataques, amenazas y vulnerabilidades en las redes de comunicación gubernamentales.

«Parte de la estructura operativa del CCN, en calidad de centro de respuesta, está dedicada a luchar contra las ciberamenazas desde el principio del estado de alarma. Y eso incluye también la desinformación y los bulos, que son entendidos como un frente más de esta lucha», detalla a OKDIARIO una fuente de la seguridad del Estado directamente involucrada con este protocolo. La labor de este grupo es «eminentemente técnica», explican sin entrar en más detalle. El CCN cuenta con un ‘Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas’ (CERT, en inglés) preparado para acometer misiones de este calibre.

Antiterrorismo

Además de esta rama del CNI, el protocolo de Interior involucra al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Un organismo dedicado a la lucha contra las amenazas yihadistas y las mafias de diversa índole que coordina la labor de inteligencia de los diversos servicios de información policiales. La información obtenida es puesta en conocimiento tanto del Departamento de Seguridad Nacional (bajo jerarquía directa de Presidencia del Gobierno) y de Interior.

Las labores  encomendadas al CITCO para la lucha contra los bulos no están claras, ya que entre las atribuciones de este centro no se encuentra ninguna relacionada con la desinformación. Sin embargo, en base a lo publicado por Europa Press, el CITCO habría identificado como tal medio centenar de bulos en WhatsApp y redes sociales sólo en la primera semana de aplicación del estado de alarma.

Entre esos bulos que recopiló el CITCO en un informe se encontraba el que afectaba al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que indicaba que ambos tenían dos ambulancias con sendos respiradores a la puerta de su domicilio de Galapagar (Madrid).

También Justicia

La lucha del Gobierno de Pedro Sánchez contra los bulos tiene un enfoque multidisciplinar. Además del policial, también hay una derivada jurídica, incoada hace ya dos semanas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando habló de reformar la ley para dotar al Estado de instrumentos legales para impedir bulos. «O al menos para que no se vayan de rositas lo que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna».