El BOE publica la jubilación forzosa por edad del juez García-Castellón

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón después de que el magistrado solicitara prorrogar en 2022 su marcha hasta la edad máxima permitida por la ley, los 72 años. Tras esto, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantarla del 16 de octubre -cuando cumple 72 años- al 2 de septiembre.

En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara «la jubilación forzosa por edad» del magistrado Manuel García-Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

Manuel García-Castellón, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de Tsunami Democràtic. Cabe destacar que el pasado 9 de julio decidió archivar esta causa tras conocer el auto de la Sala de lo Penal, que invalidó todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años. En su auto, García-Castellón asumió el criterio de la Sala, que señalaba que debían anularse todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, debiendo pronunciarse únicamente con el material existente hasta julio de 2021, con arreglo al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su auto, el juez entendía que con la decisión de la Sala de lo Penal lo que procede es el archivo de la causa, dado que, según él mismo recordó, no se tomó declaración a las personas investigadas en esta causa en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la referida sala.

García-Castellón, que se incorporó de sus vacaciones sólo para dictar este auto, acordó también remitir testimonio de su resolución a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial» en la que estaba investigado por terrorismo el ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Este magistrado ha estado al frente de diversas causas de terrorismo como en la que propuso juzgar a cuatro ex jefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997, un crimen que precisamente le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional. Además, ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como la Púnica o Villarejo.