Belloch pagó con dinero público el ERE de la empresa privada que gestionaba los autobuses de Zaragoza

El sindicato Somos Sindicalistas ha denunciado al PSOE de Juan Alberto Belloch por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación tras desembolsar 2,7 millones de euros del Ayuntamiento de Zaragoza para pagar el ERE de 153 trabajadores a la concesionaria del servicio de autobús AUZSA.

La denuncia considera responsables a Luis García Mercadal, coordinador general del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza y José Ignacio Notivoli Mur, interventor general del consistorio, de liquidar la empresa concesionaria tres días antes de que Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) tomara posesión de su cargo.

El sindicato considera que las indemnizaciones que se pagaron por los despidos de los trabajadores de AUZSA, la mayor parte de los cuales fueron contratados de nuevo, es fruto de una actuación irregular y, por tanto, piden que ese dinero sea devuelto a las arcas municipales. El sindicato de Podemos presentó el pasado diciembre una querella para esclarecer este asunto en el que también estarían implicados el ex alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y los miembros de su gobierno municipal Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, que es actual consejero de Economía del gobierno aragonés.

La querella presentada por el sindicato, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, refleja que el consistorio gobernado por Belloch publicó en su página web, para el general conocimiento de los licitadores, un pliego de cláusulas administrativas en las que vienen todas las condiciones por la que se regía la concesión y que el propio consistorio de saltó. En dicho documento señalaba las reglas respecto al personal laboral de la empresa contratista donde con absoluta claridad se especificaba que “en ningún caso el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá ninguna responsabilidad en relación con dichos trabajadores ni tendrá obligación alguna de responder de las obligaciones de TUZSA o de la nueva sociedad concesionaria frente a dichos trabajadores”.

Por si no hubiera quedado claro, a este pliego se podían formular preguntas que el consistorio está obligado a responder y formarían parte también de los documentos oficiales aprobados. Así, en la sesión del 24 de enero de 2013 se resolvieron estas aclaraciones en las que una de ellas es en relación al coste de dichos trabajadores.

“Al subrogarse la plantilla actual y reducirse el servicio de la nueva concesión, la cantidad de horas de trabajo se reduce y será necesaria una reestructuración de la plantilla. En caso de ser así, ¿quién asume el coste extraordinario compensatorio de estas medidas?”, preguntaron. La respuesta del Gobierno de Zaragoza fue: “En relación a las cuestiones planteadas, con esta cláusula lo único que se pretende es excluir de la relación del personal a subrogar al personal directivo, por tanto el alcance de las personas afectadas será una cuestión a dilucidar entre el vidente concesionario y el adjudicatario del contrato”.

El consistorio subrogó a los trabajadores de TUZSA

En cumplimiento de las cláusulas del pliego, TUZSA constituyó con fecha 13 de junio de 2013 la empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) como entidad gestora de la concesión y con la que el Ayuntamiento formalizó el correspondiente contrato que subrogó a todo el personal laboral de la plantilla.

La empresa despidió a 153 trabajadores a quienes AUZSA pagó por indemnizaciones y liquidaciones salariales de 1.915.783 euros. Dichos costes, que tendrían que ser asumidos por la empresa, fueron apuntados en una partida de “costes de puesta en marcha” para que asumiera el consistorio desglosados en los siguientes conceptos: Impuesto de transmisiones patrimoniales: 104.202,63 euros; Indemnizaciones por reestructuración de personal: 1.915.783,23 euros y otros gastos de reestructuración de personal como consultoría y mediación corporativa: 30.844,78 euros; J y A Garrigues S.L.: 170.834,95 euros; Sociedad estatal Correos y Telégrafos: 7.932,51 euros y Confederación de empresarios de Zaragoza: 11.760 euros.

Mercadal y Notivoli no se aclaran con las cifras

El imputado García Mercadal declaró el pasado 12 de abril ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que ese coste era legal asumiendo que eran costes de “puesta en marcha”, en referencia a la cuantía que tiene que pagar la Administración al concesionario de una contrata por el inicio de la actividad y para sufragar distintos gastos. Sin embargo, dentro de esos costes también estaban incluidos los que en el pliego costaban como “no remunerados” por el consistorio, en este caso en la contratación o despido del personal. Precisamente este lunes el consistorio aragonés cesaba de manera fulminante a Mercadal tras conocer los hechos. Sin embargo, el ex jefe de la asesoría jurídica municipal siguió explicando en un informe que había una “confusión de cifras al modificar el importe del impuesto en más de 2.500.000 euros con el fin evidente de sufragar los gastos de reestructuración de personal”.

El mismo día que Mercadal declaró el otro imputado, José Ignacio Notivoli Mur, interventor general del consistorio, quien dijo que no tenía ninguna responsabilidad en este asunto, que no era competencia de su cargo y que era un «mandado» sin potestad para decidir si se tenía que haber pagado o no las indemnizaciones, según el abogado del sindicato. Sin embargo, la acusación indica que “con una rapidez inusitada y estando en funciones el Ayuntamiento” emitió un informe el cual proponía aprobar dicha liquidación incluyendo los ya famosos costes de puesta en marcha por un importe de 3.070.143,18 euros en los que se incluían las indemnizaciones del personal despedido y los otros gastos por reestructuración del personal, entre los que se abonaba la minuta del despacho contratado por AUZSA para llevar a cabo el ERE.

Dos días antes de la toma de posesión de Santisteve

Todo fue aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 11 de junio de 2015, dos días antes de cesar en sus funciones por lo que el primer pago anual ya fue realizado. Asimismo, estos 153 despidos afectados por el ERE no fueron avisados con la debida antelación (plazo de 15 días como señala el Estatuto de los Trabajadores) y la Inspección de Trabajo puso a la empresa una sanción administrativa de 198.676 euros que también pagó el Ayuntamiento a AUZSA dentro de ese capítulo de “costes de puesta en marcha”, beneficiando a la empresa con el bolsillo de los aragoneses. El sindicato pide que se devuelva el dinero presuntamente defraudado a las arcas municipales y les acusa de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.