El atasco de sentencias en el Supremo sube el 40% tras prohibir el Gobierno al CGPJ cubrir las vacantes

El Tribunal Supremo, que tiene bloqueados sus nombramientos en el CGPJ por la reforma exprés promovida por el Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la primavera de 2021, sufre una demora de más del 40% sobre los tiempos que manejaba en 2012, lo que influye en las sentencias. El dato procede del informe Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analiza la demora de tramitación de los asuntos que se ventilan en los órganos judiciales españoles.

La media de resolución de asuntos en el alto tribuna estaba en 2012 en poco más de seis meses. En 2021, y es de suponer que la situación se haya agravado en lo que va de año, el Tribunal Supremo ya tardaba más de un año en dictar sentencias.

El problema afecta a todas las Salas del Supremo – Civil, Penal, Social, Militar y Especial- excepto la de lo Contencioso-Administrativo. En la Sala de lo Civil, cuyas resoluciones tienen un impacto directo en la economía, la situación es alarmante habiéndose doblado el tiempo medio de resolución.

El Consejo General del Poder Judicial lleva desde marzo del año pasado sin poder cubrir las vacantes que se producen en el alto tribunal y en otros órganos jurisdiccionales, lo que supone que al día de hoy existan 14 puestos de magistrado sin cubrir en el Tribunal Supremo. 

Esta situación fue calificada por el propio tribunal a finales del año pasado como “insostenible”, cuantificando el bloqueo en un retraso de 1.000 sentencias anuales. 

Si no se suprime la prohibición impuesta por el Gobierno de hacer nombramientos al CGPJ o se produce su renovación, las perspectivas para la justicia son extremadamente preocupantes, según trasladan fuentes judiciales.

Los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del CGPJ – únicos desbloqueados después de haber recuperado esa competencia el órgano de gobierno judicial por la «contrarreforma» de la LOPJ aprobada el pasado junio- seguramente recaigan en más magistrados del alto tribunal y, además, en octubre se jubilarán otros dos jueces. Si esto ocurre casi la cuarta parte de la plantilla estará vacante. 

Dilaciones

El problema es tan evidente, que incluso Bruselas se ha pronunciado al respecto a través del «Informe sobre el estado de derecho de 2022», publicado por la Comisión Europea el pasado mes de julio y en el que avisa  que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del CGPJ al tiempo que exige que, “inmediatamente después”, se afronte una reforma mucho más profunda que capacite a los propios jueces a designar a los magistrados de dicho órgano.

Hablado de retrasos en Justicia, un mal que engullimos diariamente profesionales y justiciables, en FAMILIA:

+6 meses para medidas provisionales
+3 años de espera para algunos Puntos de Encuentro Familiar
+12 meses de espera para los Equipos Técnicos
+2 años para otros recursos

— Delia Rodríguez ⚖ (@derechoadelia) August 30, 2022

Las consecuencias del bloqueo promovido por el Gobierno de Sánchez a los nombramientos de los altos cargos judiciales (64 plazas que no se han cubierto entre el Supremo, los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional) ya se filtra al conjunto de la Administración de Justicia provocando la indignación de otros operadores jurídicos como abogados y procuradores que ven con desesperación como se dilata el derecho a obtener justicia de sus clientes.