Las asociaciones advierten al Gobierno de la gestión del agua y proponen una Estrategia Nacional

La asociación de la sociedad civil España Mejor ha advertido al Gobierno de la gestión del agua y para ello proponen una Estrategia Nacional del Agua consistente en la creación de una comisión técnica, independiente y cualificada, que planifique las inversiones hídricas a largo plazo. Además, la iniciativa plantea reducir la burocracia, modernizar las redes y despolitizar la gestión pública del agua.

España Mejor ha registrado una propuesta de reforma de la política hídrica para España en el Congreso de los Diputados. La misma está centrada en la creación de una Estrategia Nacional de Agua que garantice la eficiencia, sostenibilidad y equidad en el uso de este recurso natural.

La propuesta hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza en la gestión del agua; asimismo, apuesta por invertir en nuevas tecnologías y, sobre todo, en contar con una visión estratégica a largo plazo.

España es referente tecnológico en el sector hídrico, pero desaprovecha su potencial por la politización y la falta de planificación unificada. El ingeniero Ángel Barriga, coordinador del Grupo de Trabajo de Agua, ha asegurado que «nuestro país lleva años sufriendo sequías e inundaciones cuyos efectos se podrían haber minimizado si se hubieran acometido las reformas necesarias, no sólo tecnológicas sino, fundamentalmente, de gestión».

La organización España Mejor advierte de que las lluvias torrenciales recientes y la situación de estrés hídrico en el 40% del territorio evidencian una falta de previsión. Según la propuesta, los mecanismos actuales no garantizan la ejecución ni la eficiencia de las inversiones, ni en los Planes Hidrológicos ni en los fondos europeos destinados a agua.

«Nuestro país enfrenta un déficit estructural de inversión en infraestructuras hídricas. Según datos recogidos en la propuesta, la inversión anual actual es un 80% inferior a lo necesario, y el 70% de los proyectos planificados en la última década no se han ejecutado», relatan.

Esto se traduce en problemas como las fugas en redes de agua, con pérdidas del 13% en media y hasta el 25% en regiones como Canarias, y la ineficiencia en el uso agrícola, que representa el 70% del consumo de agua en España. A esto se suman los efectos de la crisis climática, con sequías persistentes e inundaciones mal gestionadas.

La fundadora de España Mejor, Miriam González, opina que «es increíble que esta situación se dé en un país como España, que cuenta con empresas punteras en desalación, tratamiento de aguas y sistemas de ahorro. No podemos permitir que la fragmentación institucional, la profusión normativa y la politización sigan impidiendo aprovechar ese potencial».

La propuesta trasladada al Congreso denuncia, como una de las principales lacras del sistema, la politización de las entidades gestoras, con nombramientos de carácter partidista sin cumplir los requisitos de mérito y capacidad.

Las principales medidas de la propuesta son las siguientes.

1. La sustitución del actual Consejo Nacional del Agua, politizado y no ejecutivo, por una Comisión Técnica del Agua, con personal altamente cualificado y representación técnica de las administraciones, que apruebe y supervise un Plan Director de Inversiones en Agua. Este plan debe coordinar las políticas hidráulicas a todos los niveles y garantizar una visión de país.
2. La reforma del marco institucional para reducir la burocracia: limitando la capacidad normativa de administraciones periféricas, armonizando regulaciones y facilitando la colaboración público-privada.
3. La modernización de las infraestructuras y redes, especialmente en abastecimiento, saneamiento, riego y reutilización. Invertir en tecnologías de ahorro, renovación de redes y prevención de inundaciones.
4. El impulso a la innovación y la digitalización, fomentando el uso de sensores, contadores inteligentes, tecnologías de depuración y desalación más eficientes, y sistemas de captación de agua de lluvia.
5. La revisión del modelo tarifario, para incentivar el uso responsable del agua sin penalizar a quienes ya son eficientes, incluyendo métodos de evaluación de la huella hídrica de la agricultura y la revisión de concesiones en desuso.
6. El apoyo a las PYMES, tanto del propio sector agrario, como del sector hídrico, simplificando el acceso a ayudas, para la implantación de sistemas eficientes.
7. Promover la participación de todos los sectores en proyectos, favoreciendo la colaboración con universidades y centros tecnológicos.

Además de registrada en el Congreso, la propuesta ha sido enviada a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, así como a las Confederaciones Hidrográficas, asociaciones agrícolas, entidades del sector tecnológico y ambiental, y otras organizaciones relevantes de la sociedad civil.