Una asociación de juristas impugna el nombramiento del juez mercantil García Aragón en Las Palmas

La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege (PROLEGE) ha presentado una impugnación formal contra la resolución provisional que designa a José Ramón García Aragón como titular del Juzgado de lo Mercantil N° 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en un momento especialmente sensible debido a las investigaciones en curso sobre contratos de material sanitario durante la pandemia.

En un extenso documento presentado ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, PROLEGE argumenta que el nombramiento vulnera el artículo 329.1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al no cumplir el candidato con los requisitos de especialización necesarios para ocupar una plaza en la jurisdicción mercantil.

La impugnación destaca que los Juzgados de lo Mercantil fueron creados en 2003 precisamente para contar con órganos judiciales específicos y altamente cualificados, mediante la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio para la Reforma Concursal. La asociación subraya que el legislador estableció un riguroso proceso de formación y especialización para acceder a estas plazas, incluyendo la superación de pruebas específicas y un curso teórico-práctico de siete semanas en la escuela judicial.

El documento presentado por PROLEGE señala que «nada de lo anteriormente expuesto se cumple» en el caso del pretendido nombramiento de García Aragón, actual Juez de Primera Instancia nº7 de Las Palmas. La asociación resalta que el 24 de septiembre de 2024 se publicó en el BOE la lista definitiva de personas admitidas para realizar la especialización requerida, con 12 candidatos, algunos de ellos ya ejerciendo en Gran Canaria.

La asociación argumenta que resulta «un auténtico despropósito y una poco eficiente gestión de los recursos públicos» adjudicar definitivamente una plaza de especialista a quien no ostenta dicha condición, especialmente cuando está prevista la inminente incorporación de nuevos magistrados especializados formados por el propio CGPJ.

El escrito destaca que la plaza está actualmente cubierta por un sustituto que lleva apenas un mes en el cargo, por lo que no existiría ningún perjuicio en mantener esta situación temporalmente hasta poder contar con un especialista debidamente cualificado. «No se produciría ninguna ineficiencia en la plaza por mantener el status quo y volver a repetir el concurso u oferta de la plaza en un breve plazo de tiempo», argumenta la asociación.

PROLEGE, constituida en 2018, tiene entre sus objetivos principales velar por la legalidad, honestidad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas. La asociación está presidida por Carolina María Mata de la Torre y cuenta con una estructura organizativa que incluye una Junta Directiva con capacidad para ejercer acciones legales en defensa del interés público.

La impugnación presentada se produce en un contexto de especial sensibilidad en el ámbito judicial, coincidiendo con diversas investigaciones sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia. Los Juzgados de lo Mercantil juegan un papel crucial en la resolución de casos relacionados con insolvencias empresariales y disputas comerciales, lo que hace especialmente relevante la correcta designación de sus titulares.

Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener los estándares de especialización en la judicatura española, particularmente en jurisdicciones técnicas como la mercantil, que requieren conocimientos específicos para garantizar una adecuada administración de justicia. La resolución de esta impugnación podría sentar un precedente importante sobre los criterios de designación de jueces especializados en España.