Polémica por el nombramiento de un juez mercantil en Las Palmas: no tendría idoneidad ni cumpliría los requisitos

El posible nombramiento del magistrado José Ramón García Aragón como titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha generado controversia en el ámbito judicial por presuntamente incumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

García Aragón, actual titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas, accedería al puesto sin contar con la especialización en materia mercantil que la ley establece como requisito preferente para estos nombramientos, según establece el artículo 329.4 de la LOPJ.

La situación resulta especialmente controvertida dado que el pasado 24 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicó la lista definitiva de 12 candidatos admitidos para realizar la especialización en materia mercantil, entre los que se encuentra el juez Matías Martínez Gómez, quien actualmente ejerce en la misma isla, en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana.

“García Aragón no cumple los requisitos de idoneidad, ni posee la formación específica necesaria por Ley para poder llevar en la actualidad un juzgado de lo mercantil. Tal y como recoge muy nítidamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde especifica la formación necesaria y los exámenes que deben obligatoriamente superar los magistrados que quieran optar a estas plazas», dicen fuentes judiciales consultadas a OKDIARIO.

«Con la finalidad de dotar a los juzgados mercantiles de candidatos adecuados para cubrir esas plazas, se organizan por el propio poder judicial unos cursos y exámenes especiales al objeto. Sin embargo el magistrado García Aragón al parecer no ha realizado los referidos cursos ni superado los preceptivos exámenes para poder consolidar dicha plaza», agregan las mismas fuentes.

Los juzgados mercantiles, creados en 2003 y en funcionamiento desde septiembre de 2004, requieren por ley que sus titulares superen un riguroso proceso de formación que incluye ejercicios teóricos y prácticos, además de un curso específico de siete semanas en la escuela judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La plaza en cuestión está actualmente cubierta por un juez sustituto desde hace apenas un mes, lo que según fuentes jurídicas no justificaría la urgencia del nombramiento, especialmente considerando la inminente disponibilidad de nuevos jueces especializados.

El proceso ha llevado a cuestionar la eficiencia en la gestión de recursos públicos, así como el posible menoscabo para aquellos magistrados que han invertido tiempo y esfuerzo en obtener la especialización requerida para estos puestos. La decisión podría afectar especialmente a los nuevos jueces especialistas que están a punto de completar su formación específica en materia mercantil.

La controversia ha llegado hasta la Comisión de Ética Judicial, donde se espera que Ignacio Sancho Gargallo, miembro de dicha comisión desde julio de 2024, ofrezca explicaciones sobre este nombramiento que ha generado preocupación en el ámbito judicial.