OKENTREVISTA A JOSÉ DOMINGO

El abogado del niño de Canet: «Denunciaremos en Europa la discriminación lingüística»

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José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y vocal asesor de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), lleva años batallando por lo derechos lingüísticos de los alumnos, padres y profesores en las aulas catalanas. Es, además, el abogado detrás de los recursos de las familias que, como la de Canet de Mar, luchan por conseguir que los colegios cumplan con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano.

Ahora, tras la ofensiva iniciada por Pere Aragonés para no acatar el fallo de los tribunales, Domingo ha anunciado que se defenderán en Europa, donde pondrán en conocimiento de las instituciones lo que ellos consideran que es una «actuación desleal» de la Generalitat de Cataluña, «que trata de condicionar la actuación de la Justicia mediante presiones tan intolerables» como el último decreto ley aprobado.

PREGUNTA.- ¿Cómo ha sido la acogida del real decreto entre las familias que luchan por una escuela bilingüe?

RESPUESTA.- No se ha recibido bien, en la medida en que las instrucciones que ha dado el consejero de Educación tienen fundamentalmente como finalidad, precisamente, hacer del catalán la única lengua vehicular y prohibir la enseñanza bilingüe. Esto es, una presencia equilibrada de los dos idiomas oficiales en la escuela catalana.

Además, nos parece especialmente preocupante que el consejero de Educación haya decidido ignorar el requerimiento que le efectuó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dejar sin efecto la sentencia que abogaba por un modelo de educación bilingüe para todos los catalanes.

P.- ¿Cómo puede afectar este decreto ley a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de clases en castellano?

R.- Nosotros entendemos que son dos mundos diferentes. Uno es el contenido del decreto ley, que tendrá el recorrido que tenga que tener y que evidentemente tiene graves visos de inconstitucionalidad, y otro es el cumplimiento de la sentencia.

Las sentencias están para ser ejecutadas en sus propios términos y los términos de la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia eran muy claros. Al menos el 25% de la enseñanza en Cataluña debe impartirse en castellano, o en catalán en el caso de aquellos centros en que fuera mayoritaria la presencia del castellano, que no es ninguno, por desgracia, en Cataluña.

P.- ¿Qué errores han detectado en el decreto ley?

R.- Entendemos, en primer lugar, que la Generalitat no era competente para dictar este decreto ley, puesto que no existen razones de urgencia, que es lo que justifica la redacción y la aprobación de un decreto ley. Tampoco le compete la materia que está abordando. Debemos recordar que la enseñanza, la educación, es un derecho fundamental de todos los españoles y los decretos leyes no pueden regular derechos fundamentales, con lo cual hay un vicio clarísimo de forma. Pero es que, además, el contenido va en la dirección contraria a lo que ha establecido la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que, insisto, es que reconoce el derecho a todos los alumnos catalanes a ser escolarizados en las dos lenguas.

P.- El ejecutivo catalán se ha referido a la sentencia del 25% como una «injerencia judicial motivada por persecuciones ideológicas». ¿Cómo valoran estas declaraciones?

R.- Desde luego, lo que sí demuestra es una muy poca calidad democrática y muy poco respeto por la separación de poderes. Es decir, que haya representantes políticos que tienen cargos institucionales que se expresen en esos términos nos parece especialmente grave. Desde un punto de vista institucional, de defensa del Estado de Derecho, que el poder político en Cataluña se convierta otra vez en un poder insurrecto, que no acepta la legalidad vigente de las sentencias de los tribunales, es muy preocupante.

Debemos recordar que, en un Estado de Derecho, uno de los principios básicos es el de la tutela judicial efectiva y, en este caso, la actuación de la autoridad va en la dirección contraria. Tratan de limitar la separación de poderes, cuando otros países ya han sido condenados en la Unión Europea por actuaciones similares.

Por ello, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pondremos en conocimiento de las instituciones europeas esta discriminación lingüística y la actuación tan desleal, tan grave, que mantiene la Generalitat de Cataluña, que trata de condicionar la actuación de los tribunales mediante presiones tan intolerables como las que hemos conocido durante estos días.

P.- Tienen previsto presentar un escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿algún detalle que nos puedan adelantar?

R.- En estos momentos estamos elaborando el documento. Lo que sí puedo adelantar es que el comportamiento de la Generalitat va a recibir una respuesta contundente por nuestra parte, porque entendemos que no se ha ejecutado correctamente la sentencia y que el consejero de Educación, Josep González-Cambray (ERC) es el responsable de esa inejecución, con las consecuencias que ello lleva aparejadas tanto en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como en el penal.

P.- ¿Qué tipo de consecuencias?

R.- Podríamos hablar de desobediencia y de prevaricación y, en esa línea, consideramos que el tribunal puede valorarlo. En todo caso, es un escrito que se está elaborando, por lo que no puedo confirmar todavía cuál va a ser su desarrollo final.

P.- Todos tenemos en mente a la familia de Canet de Mar. ¿Este caso ha supuesto un antes y un después para que otras familias den el paso y también reclamen ese 25% de clases en castellano?

R.- Ya son 1.643 las familias que han solicitado que se ejecute la sentencia. Con lo cual podemos sentirnos especialmente satisfechos de que centenares de familias, en muy poco tiempo, hayan decidido dar el paso y solicitar un modelo de escuela bilingüe. El supuesto de Canet, como otros anteriores, que han sido muchos, ha influido y cada vez más catalanes pierden el miedo para solicitar que sus hijos estén escolarizados en un módulo de conjunción lingüística, esto es, de castellano y catalán como lengua vehicular.

P.- También recordamos el acoso por parte del independentismo que se vivió esos días. ¿A qué se enfrentan las familias que reclaman una educación bilingüe?

R.- El caso de Canet de Mar fue, a nuestro juicio, puntual, en la medida en que se aprovechó por el independentismo para canalizar su ira por la ejecución de la sentencia. La Consejería los quiso poner en la picota precisamente de una manera ejemplar, para tratar de disuadir otras peticiones. Después ha habido otras familias a las que se les ha reconocido el mismo derecho y no ha pasado nada, porque la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, la gente cuando solicita el modelo de escuela bilingüe no tiene mayores problemas por ello, salvo la incomodidad de tener que pedir el ejercicio de un derecho fundamental que ya te reconoce la Constitución.

P.- El problema lingüístico en Cataluña, ¿es un fracaso de la política, de los tribunales o de los centros de enseñanza? 

R.- Es un fracaso de la política, es evidente. Llevamos casi 30 años de inmersión lingüística obligatoria en Cataluña, de monolingüismo. Miles de personas han reclamado la conjunción lingüística. Sin embargo, las administraciones educativas nunca han preguntado a los padres qué modelo de educación quieren en lo que se refiere al régimen lingüístico.

Además, existe una presión institucional clarísima por parte del nacionalismo lingüístico para imponer una lengua única. El nacionalismo considera que la expansión del catalán como lengua de uso, como lengua de identificación, favorece sus intereses y por ello ponen toda la carne en el asador, para crear barreras lingüísticas entre los catalanes y el resto de los españoles.

P.-¿Cómo valoran el apoyo del PSOE a la proposición de ley sobre «el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria»?

R.- Creemos que han cometido un grave error. Digamos que a lo mejor buscaban el consenso lingüístico y esa vía no es la adecuada, como ha puesto de manifiesto el propio Gobierno de la Generalitat con la aprobación de un decreto ley que va incluso más allá y que deja patente la grave equivocación del Partido Socialista, que ha confiado en unos compañeros de viaje que, desde luego, son de todo menos leales.

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