VOX exige la retirada de las leyes que adoctrinan en las aulas sobre la Guerra Civil

La Ley de Memoria, además, dio sus primeros pasos sin dotación económica y sin un calendario de objetivos a medio y largo plazo. Por ello es ahora precisamente cuando se debería desarrollar, según los planes socialistas.
VOX no está dispuesto y pide una derogación de la ley, punto que no figura en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos y que los equipos de Abascal quieren que se incluya de forma expresa.

La norma, de este modo y en caso de no frenarse, irá avanzando a medida que las asociaciones favorables a ella vayan reclamando su aplicación y desarrollo. Ya ha ocurrido este supuesto, por ejemplo, con el desarrollo reglamentario. Las asociaciones de izquierdas ya han solicitado la aplicación de un régimen sancionador para poder castigar a quien se oponga a la aplicación de la ley. De este modo, si no se paraliza la ley, habrá régimen sancionador efectivo.

Otro de los ejemplos del desarrollo futuro de esta norma lo ha solicitado Izquierda Unida: la elaboración de un censo oficial de víctimas del franquismo que ofrezca un número exacto de desaparecidos en cunetas y fosas comunes. Y todo ello auspiciado por una Comisión de la Verdad: un órgano «autónomo integrado por abogados, jueces retirados, psicólogos, educadores, investigadores universitarios, documentalistas, expertos en violencia contra la mujer o los niños, representantes de colectivos memorialista y de las víctimas y activistas de los derechos humanos». Todos ello dirán quienes deben ser buscados y asignarán presupuestos. Por supuesto, sólo se hará para las víctimas de un bando.

Por supuesto, se encuentra, también como ejemplo de desarrollo de la ley, el adoctrinamiento directo en los colegios. La Consejería de Educación debe garantizar la introducción de los estudios sobre la Guerra Civil y la Dictadura en Primaria y Secundaria, tal y como establece la ley. La Junta de Andalucía ya tenía elaborado el diseño de este trabajo, pero aún debe asegurarse su desarrollo en los colegios y en los libros de texto para ampliar el temario e incorporar el enfoque marcado por la Comisión de la Verdad.

Sin prisa por cerrar el acuerdo

Santiago Abascal no tiene prisa por cerrar el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía. Tiene claro que VOX no va a suponer un obstáculo para expulsar al PSOE de la comunidad andaluza, pero, precisamente por eso, quiere que no sólo no sea un obstáculo, sino que sea el catalizador de la verdadera expulsión del adoctrinamiento de izquierdas.

Con ese objetivo Abascal se prepara ya para una negociación larga con PP y C’s en la que va a presentar toda una batería de exigencias que, de facto harán, que esa expulsión del socialismo sea real y profunda: y es que las principales exigencias se centrarán en acabar con las normas con fuerte contenido ideológico de izquierdas. Entre esas normas se encuentran las de género, las de inmigración, las de ataque a los toros y la caza y las de memoria histórica.

Por supuesto, también se encuentra ahí el desmontaje de la gran fabrica de adoctrinamiento en esta región: Canal Sur. Y como colofón, sus exigencias incluirán el ataque al mecanismo que ha permitido engrasar con fondos públicos toda esa maquinaria de sectarismo: la administración paralela creada a lo largo de casi cuatro décadas por el PSOE y que alberga a nada menos que 23.000 enchufados encargados de controlar el gasto ideológico. 
Todo ello es lo que VOX quiere evitar. Y está dispuesto a alargar la negociación con PP y Ciudadanos -o incluso a ir a nuevas elecciones en Andalucía- si no se adapta al programa de Gobierno a la eliminación de las leyes de adoctrinamiento diseñadas en su momento por la izquierda.