Por la "pasividad" del Gobierno

Una asociación de Guardias Civiles demanda a los inmigrantes del salto con ácido en Ceuta

Inmigrantes
Inmigrantes subsaharianos durante un asalto a la verja de Ceuta. (Foto: Javier Sakona / EP)

La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que engloba a más de 1.600 miembros del Instituto Armado ha demandado en el juzgado número 5 de Ceuta a los inmigrantes que el pasado jueves agredieron a sus compañeros en la frontera de Ceuta.

Fuentes de la asociación mantienen que se ven obligados a tomar esta decisión ante la inacción del Gobierno tras los graves incidentes de la frontera.

“La finalidad es llevar ante el juez a los agresores de los compañeros, mostrar nuestro apoyo a los heridos y evitar que no sean indemnizados. Los inmigrantes son insolventes y el Estado debe ser responsable de resarcir a los heridos, un asunto que no queremos dejar en manos de la abogacía del Estado”, afirman. La demanda, añaden, no supondrá ningún coste para los guardias afectados.

La forma que han elegido es personarse en la demanda interpuesta por un bufete de abogados malagueño comandado por la polémica abogada Nuria de Madariaga, responsable de la asociación ‘Moviliza España’.

La demanda considera que los incidentes fueron planeados «minuciosamente» 

La dos acusaciones particulares unidas por ésta demanda acusan a los inmigrantes de los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos con el agravante de banda organizada.

Esto último porque estiman que los incidentes fueron planeados “minuciosamente” a pesar de que es difícil encajar los incidentes en los requisitos que establece la ley para este delito, tales como permanencia en el tiempo, o una jerarquía con distribución de funciones entre los miembros del grupo.

La demanda sostiene que los inmigrantes conocían el escaso número de efectivos a los que iban a atacar, así como los reducidos medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona.

Solicitan los demandantes que se identifique de inmediato a los autores, algo que ya se está llevando a cabo por el Ministerio de Interior, además de que se decrete prisión provisional para todos los agresores por riesgo de fuga, peligrosidad, reiteración del delito y por la gravedad de las penas que en su día le pueden corresponder. La demanda habla también de la negativa repercusión internacional del asalto por la hasta ahora impunidad de los culpables.

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