Moncloa no descarta tomar el control de los Mossos tras la declaración de Trapero

La declaración del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante la juez de la Audiencia Nacional, este viernes, por un presunto delito de sedición podría resultar clave en los próximos pasos de Moncloa para frenar el órdago secesionista. El Gobierno se plantea asumir el control del cuerpo autonómico si, tras esa comparecencia, la juez mantiene la imputación o adopta nuevas medidas.

En ese caso, la vía más rápida sería la Ley de Seguridad Nacional que, aprobada en 2015-por cierto, con el apoyo del PSOE-faculta al Ejecutivo, a través de un simple real decreto, para declarar una «situación de interés para la seguridad nacional» y poner en marcha una estructura que garantice «la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». El Gobierno podría así dar órdenes directas en todos los ámbitos de la administración, lo que incluye, por tanto, a funcionarios y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Sin duda, ésta sería una primera medida, mucho más ágil e igual de efectiva,  para iniciar el control en Cataluña, en previsión también de que, este mismo lunes, el Pleno del Parlament-ya suspendido por el Tribunal Constitucional-acabe declarando la independencia. Todo, sin perjuicio de que, posteriormente, el Gobierno sí pueda recurrir al consabido artículo 155. Una fórmula que requiere de un trámite más engorroso-con ‘requerimiento’ a Puigdemont incluido- y al menos un plazo de 5 días hasta su definitiva aprobación en el Senado, una Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta.

Delito de sedición: hasta 15 años de cárcel

Trapero declarará este viernes, junto al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; y una intendente de la policía catalana por un presunto delito de sedición por el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat, el pasado 20 de septiembre, durante la actuación policial que culminó con la detención de 14 personas ligadas a la organización del referéndum ilegal, entre ellas, el número dos de Oriol Junqueras.

La magistrada, Carmen Lamela, dio luz verde a las diligencias tras la admisión a trámite de la denuncia presentada por la Fiscalía contra los participantes de las protestas, al considerar que podrían ser constitutivos de un delito de sedición por ir «dirigidos a romper la organización territorial del Estado», esto es, la ruptura de la forma de Gobierno. En las diligencias de investigación, la juez solicitó un informe del instituto armado en el que se recogían hasta seis peticiones por escrito a los Mossos sobre los sucesos, que habían sido respondidas con demora y respuestas sucintas.

Entorpecer a la Guardia Civil

Según han avanzado los Mossos en su cuenta oficial de Twitter, Trapero aportará en su comparecencia toda la información sobre esas actuaciones y defenderá que cumplió «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía.

El delito de sedición contempla penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores, y de hasta 15 años si fueran personas con autoridad que traten de «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

En los sucesos, ahora investigados, participaron miles de personas que, según consta en la denuncia de Fiscalía, intentaron entorpecer la actuación de la Guardia Civil, pinchando las ruedas de los vehículos, bloqueando los accesos a la consejería de Economía e impidiendo la salida de los agentes con los detenidos.

«La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial», destacaba Fiscalía en su denuncia.

En el relato de los hechos, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, dijo a los manifestantes «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa». «Ante la situación de extrema tensión» el Juzgado de Instrucción nº 13 se puso en contacto con Trapero «para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad para permitir la salida de la Comisión Judicial, formada por los agentes y la Letrada de la Administración de Justicia». Esta «tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta».

En fuentes gubernamentales se entiende que, si la Justicia persiste en las medidas sobre Trapero, no es entendible que éste continúe dirigiendo a los Mossos. El control del cuerpo autonómico es un primer paso ante una intervención posterior, más amplia, que estaría en todo caso supeditada a los nuevos pasos que den las autoridades independentistas, el próximo lunes.

«Paciencia»

El mensaje más repetido en Moncloa ya no es «prudencia» ni «proporcionalidad», sino «paciencia». Con ello, el entorno del presidente trata de acompasar las medidas, excepcionales, a las decisiones que provengan de Cataluña. Ese mensaje se ha trasladado también al partido, y a los grupos parlamentarios de Congreso y Senado, convencidos de que la actuación del Ejecutivo será «decidida» y «firme» pero «a su debido tiempo».

En el entorno de Rajoy, y ya haciendo gala del propio carácter del presidente, convienen en que el calendario está bien calculado, y que «la precipitación no tiene sentido».

Las medidas más dramáticas, no obstante, se reservan para la próxima semana, cuando Rajoy responda a la «deslealtad inadmisible» de Puigdemont, como calificó el propio Rey Felipe VI, en su mensaje de este martes.

En el Gobierno se aferran, por ahora, a que las leyes aprobadas por el Parlament se encuentran ya suspendidas por el Constitucional y, por tanto, son una «falacia». Por ello, aguardan a nuevos hechos para proceder. Algo que contrasta con las voces que reclaman a Rajoy una respuesta inmediata. Entre ellas, este mismo jueves, la del expresidente José María Aznar, que, a través de la Fundación FAES, exigió adoptar medidas urgentes o, en su caso, convocar elecciones generales.

En el análisis, con el título ‘El precio de la libertad’, la fundación reclama directamente al Ejecutivo que emplee «todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar». Y da un toque a Rajoy al considerar que «si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España». En medios internos del medio y del partido la advertencia de Aznar ha sido duramente criticada.