La ley de la futura república catalana no acepta el ‘derecho a decidir’ que se le exige a España

La Ley de Transitoriedad presentada este lunes por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament no contempla el ‘derecho a decidir’ que tanto le han exigido a España las fuerzas independentistas. Con los documentos presentados hasta el momento por estos partidos, sería impensable que una región o conjunto de población se independizase en la futura república catalana.

Puigdemont se rige por el mismo rasero que el resto de constituciones para impedir que uno de sus territorios pueda ser independiente si así lo desea o, incluso, puedan celebrar un referéndum (ilegal) como el que él plantea para el próximo 1 de octubre. Únicamente se definen como Estado y explican el modo de gobierno: una República de Derecho.

Se trata de uno de los agujeros de esta norma, cuyo contenido se ha ido informando parcialmente y con cuentagotas hasta este lunes. Los independentistas se ‘llenan la boca’ hablando de la independencia de Quebec y olvidan que la Ley de Claridad de Canadá sobre el referéndum contempla que si una ciudad o zona vota que no, no se independiza. Otro de los detalles que han preferido obviar este lunes en rueda de prensa y, por supuesto, en el documento.

Los diputados de Junts pel Sí y la CUP tampoco han explicado cómo piensan tramitar esta ley, si por la vía urgente o vetando al resto de partido haciendo uso del artículo 83.1 del reglamento del Parlament. Tampoco explican qué leyes españoles dejarán de ser aplicables en Cataluña. Como ya publicó OKDIARIO, la llamada ‘ley mordaza’ del Partido Popular se encuentra entre éstas pero, insisten, en que prefieren no desvelar ahora todo su contenido.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención en el Ministerio de Hacienda ha sido la falta de explicaciones ante cómo van a saldar la deuda pública catalana que asciende a 75.443 millones de euros. La ley no menciona este problema en ninguna disposición, ni general ni específica. Y cabe recordar que ya en el primer trimestre del ejercicio en curso creció en 345 millones de euros hasta los 75.443 millones.

Los separatistas mantienen a los jueces y fiscales que llevan más de tres años pero nada habla de los que no se mantengan fieles a esta nueva legalidad. ¿Serán sus sentencias válidas? ¿Y qué harán con los funcionarios de la actual Administración?

Según ha podido saber este medio, los separatistas han informado que JxS y la CUP pactarán un posterior desarrollo de leyes para concretar aspectos económicos o concretar la toma de puertos y aeropuertos por parte de Mossos d’Esquadra. La ley tampoco precisa qué tipo de seguridad pública tendría Cataluña, pero aclaran que el Ejército Español tendría que marcharse.

Los pasos para aprobar la Constitución catalana

Todos estos ‘agujeros’ del sistema los achacan a que «deben pactarse en la elaboración de la futura Constitución catalana». Junts pel Sí y la CUP anunciaron también este lunes un segundo referéndum, pasado el 1-o, para aprobar la futura Carta Magna de la República. Las fuerzas independentistas han explicado los pasos que serían necesarios dar para aprobar esta constitución «con todas las garantías», aseguran.

El primer paso consistiría en crear un proceso participativo donde se cree un foro social constituyente formado por representantes de la sociedad civil y miembros de los partidos políticos. Esta primera fase durará seis meses y todo se decidirá en base a reuniones «sectoriales y territoriales», explican. La Generalitat creará además un «consejo asesor» donde participarán distintos profesores y personas respetables del mundo académico, «nacionales e internacionales», para guiar el proceso.

Se realizará un «proceso de participación ciudadana» para obtener de aquí un conjunto de principios generales que guíen el documento definitivo de la futura Constitución.

El segundo paso será disolver el Parlament y convocar elecciones constituyentes. Los nuevos integrantes serán los diputados elegidos y también habrá 135 representantes escogidos con el «régimen electoral ordinario», explican.

La propuesta de la futura Carta Magna deberá aprobarse con el apoyo de 3/5 de esta Cámara y sino se consigue bastará con obtener mayoría absoluta en la segunda votación. La Ley de Transitoriedad advierte de que «ninguna de las decisiones de la Asamblea Constituyente, en ejercicio del poder constituyente, serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal».

Una vez la Constitución salga de la Asamblea Constituyente, debe ser validada a través de un referéndum. El segundo que las fuerzas independentistas convocarían recientemente, si se celebra el del próximo 1 de octubre. De esta manera, intentarán que la propuesta emanada sea ratificada por la ciudadanía. Después el organismo se disolverá de manera inmediata y se convocarán elecciones para la «conformación del nuevo sistema institucional».

Todo un proceso que podría verse frenado por la no celebración del referéndum el próximo 1 de octubre y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. El Gobierno de Mariano Rajoy asegura convencido de que el referéndum «no se celebrará» y apuesta por seguir tendiendo la mano a estas fuerzas para dialogar el resto de puntos que pidieron en el Estatut.