El PP pone límites a la negociación con el PSOE: rechaza derogar la reforma laboral

El PP pone límites a la negociación con el PSOE: rechaza derogar la reforma laboral
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, este lunes.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Partido Popular se muestra dispuesto a abrir una negociación “amplia y sincera” con el PSOE sobre las condiciones aprobadas este domingo por el Comité Federal para avalar la abstención a Mariano Rajoy.

No obstante, existen también limitaciones, que afectan a los propios pilares programáticos de los populares.

Uno de los puntos centrales de ese texto es el que insta a derogar “cuanto antes” la reforma laboral, considerando “urgente” convocar al diálogo social entre el empresariado y los sindicatos «para abordar la lucha por una creación sostenida del empleo, así como la mejora del salario mínimo, la eliminación de la brecha salarial, la protección por desempleo y la regulación de la negociación colectiva a fin de restablecer el equilibrio entre las partes”.

En medios del PP se asegura que “todo es negociable” pero se descarta una derogación per se y en cualquier caso, la vuelta a la normativa laboral de la etapa Zapatero, que vinculan a la destrucción masiva de empleo. “Todo lo que sea mejorar se revisará, pero una derogación sin más, no”, zanjan estas mismas fuentes.

El rechazo afecta sobre todo a esta reforma, que los populares han convertido en una de sus vértebras de legislatura. En ella sostienen la creación de empleo de la última legislatura y la senda de la recuperación que, afirman, no puede revertirse ni ponerse ahora en riesgo.

Ello no implica, no obstante, que desde Génova no estén dispuestos a que se abra una mesa de diálogo con los socialistas, que sirva además para apuntalar la política de pacto que pretenden poner en marcha una vez Rajoy salga investido este fin de semana del Congreso de los Diputados.

La resolución ‘oficialista’ aprobada este domingo por el Comité Federal del PSOE incluye, además, la derogación de la LOMCE o de la Ley de Seguridad Ciudadana, otras dos condiciones que precisarán de un diálogo profundo entre Gobierno y oposición.

La consigna: «Prudencia»

Este mismo lunes, en su primera intervención pública tras conocerse que los socialistas apoyarían su investidura, Rajoy se mostró partidario de negociar sobre las propuestas del texto, asegurando que “hay cosas que son buenas y de las que se puede hablar”.

Pero el candidato del PP descartó entrar en detalles. El Comité de Dirección del PP, reunido también este lunes, confirmó la consigna. Diálogo y prudencia, mucha prudencia, se repite en fuentes de la dirección popular, contagiadas ya de uno de los grandes rasgos de carácter de Rajoy.

Existen otros asuntos donde el acuerdo sí está más engrasado, como la convocatoria del Pacto de Toledo “para abordar el presente y futuro de las pensiones”, algo que ya se recoge  en la oferta de acuerdos planteada en su día por Rajoy a las formaciones políticas, así como nuevas propuestas contra la corrupción en la vida pública, un Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la promoción de una Ley de Igualdad de Trato y contra la discriminación.

En otros temas, el texto del PSOE resulta lo suficientemente abierto como para abrir una negociación flexible. Es, en primer lugar, el referido a la apertura de un proceso de diálogo parlamentario “con carácter inmediato” para afrontar el desafío independentista «en particular con el objeto de recuperar la normalidad institucional con Cataluña”. Desde el PP se muestran dispuestos a negociar con amplitud de miras, aunque siempre con el límite del respeto a la Constitución y la defensa de la unidad nacional.

Debate abierto sobre Cataluña

La propuesta socialista evita de entrada que el tema catalán pueda encallar una negociación con el PP.

El texto no hace mención alguna a la solución federal defendida por el PSOE para abordar la cuestión de Cataluña, que exigiría de una reforma de la Constitución. Esto tampoco se menciona, como sí ocurre en la resolución del Comité Federal del 28 de diciembre. Aquel texto, por ejemplo, concretaba la apertura de «una ponencia parlamentaria para renovar nuestra Constitución, blindando derechos sociales, regenerando nuestras instituciones y federalizando nuestro modelo territorial».

La intención de dejar abierto este diálogo facilita el clima ante una legislatura que se prevé compleja y cuya duración vendrá condicionada por la voluntad de acuerdos. Para empezar, el de los Presupuestos.

Dos textos para un Gobierno

Desde el pasado diciembre, Rajoy ha asumido que la legislatura que se avecina es radicalmente distinta a las anteriores. Y también desde entonces, no ha dejado de ofrecer a los socialistas posibles pactos en cuestiones fundamentales para el país, como el crecimiento económico, la sostenibilidad de las pensiones, la Educación, la reforma de la financiación autonómica, la unidad frente al desafío independentista o el papel de España en el exterior. La intención del líder del PP siempre ha sido la de intentar un gobierno de coalición, o, al menos, en minoría aunque sobre grandes consensos de Estado. Dos extremos descartados por el PSOE.

Ahora, Rajoy dispondrá de dos textos sobre los que negociar su acción de Gobierno. Junto a la resolución socialista, hay que recordar que también sigue vigente  el acuerdo firmado el pasado agosto con Ciudadanos.

El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ya avisó este lunes que ese pacto, que recoge 150 medidas- hasta un centenar firmadas en su día por Pedro Sánchez- habrá de ser «la hoja de ruta» de la legislatura que comenzará de forma activa con la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Rivera afirmó que su prioridad es que la legislatura sea «fructífera» y se puedan alcanzar grandes acuerdos entre las principales formaciones, aunque advirtió también de que su formación mantendrá una oposición vigilante en el Congreso.

 

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