⁠La Audiencia tumba la petición de investigar a Guardia Civil y CNI por espiar con Pegasus a catalanes

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que ese tribunal no es competente para investigar la querella presentada por cinco afectados por el presunto espionaje con el software Pegasus, que bautizaron como el Catalangate. El tribunal ha ratificado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5, que había inadmitido a trámite la querella por falta de competencia.

En un auto que adelanta OKDIARIO, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Andreu y con Javier Mariano Ballesteros como ponente, ha desestimado el recurso de apelación presentado por los querellantes. Tres de ellos tienen su domicilio en Cataluña.

La querella, que iba dirigida contra dos ex directores generales de la Guardia Civil y una ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros, denunciaba delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos, en relación con el uso de los programas espía Pegasus y Candiru.

El tribunal argumenta que «los delitos a los que se refiere la querella no están contemplados en el listado de delitos que es competencia de la Audiencia Nacional», según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, recuerda que «las reglas que atribuyen la competencia a la Audiencia Nacional deben interpretarse restrictivamente», siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.

En su resolución, la Audiencia Nacional aplica el principio de ubicuidad, según el cual «el delito se considera cometido tanto en el lugar en el que se desarrolla la acción como en el que se produce el resultado». En este sentido, destaca que no se ha probado «con el rigor que exige la interpretación restrictiva» que la parte sustancial de los hechos se haya cometido fuera de España.

El auto hace referencia a que existen al menos dos causas en trámite en los juzgados de Instrucción números 29 y 32 de Barcelona, donde ya se están investigando supuestos ataques informáticos similares sufridos por el ex presidente de la Generalitat y por ex diputados de la CUP, causas que «compartirían con la presente medios empleados y autores de los hechos».

La resolución también menciona el informe «Catalangate», elaborado por el Grupo Universitario Citizen Lab, que documentaba que al menos 65 personas en España habían sido infectadas o sufrido intentos de infección en sus dispositivos electrónicos con los programas espía Pegasus y Candiru entre 2015 y 2021.

Contra este auto de la Audiencia Nacional no cabe recurso alguno, según se indica en la propia resolución, por lo que los querellantes deberán presentar, de nuevo, su denuncia ante los juzgados territoriales competentes si desean continuar con la acción penal.

El caso Catalangate ha generado una importante controversia política desde que se conoció en 2022, cuando se revelaron los presuntos espionajes a políticos independentistas catalanes, abogados y miembros de la sociedad civil catalana.

Avocado a archivos

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO lamentan que todo lo que rodea a Pegasus está abocado al archivo por falta de capacidad para investigar. La Audiencia Nacional reabrió hace un año el procedimiento principal recientemente pero sin grandes visos de prosperar.

Por un lado, se encargó un informe al Centro Criptológico Nacional, del CNI, que no ha sido concluyente. Por otro, se esperan respuestas a peticiones de información de las autoridades israelíes pero lo previsible es que sean respuestas protocolarias que no sean de interés. Por ello la Audiencia también prevé archivar de nuevo esa causa.

Ese caso trata la infección de varios móviles de Pedro Sánchez y miembros del Gobierno. La reapertura fue posible gracias a información facilitada por Francia, que incluye los llamados «Indicadores de Compromiso» (IOCs), huellas digitales que deja el ataque mediante Pegasus y que revelan patrones similares a los detectados en el espionaje a altos mandatarios franceses.

Las infecciones a los teléfonos del Ejecutivo español se produjeron en mayo y junio de 2021, coincidiendo con la crisis diplomática con Marruecos tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Según los informes forenses, a Sánchez le infectaron y robaron 2,6 GB de información. También fue afectada en menor medida, Margarita Robles.

En todo caso, la información facilitada por Francia está lejos de identificar la autoría del ataque, ya que el escándalo de espionaje en el país vecino nunca llegó a esclarecerse.

Querella fracasada

Según los querellantes del Catalangate, el espionaje se habrían realizado también mediante la infiltración de los programas maliciosos en sus móviles y ordenadores, permitiendo el acceso a sus comunicaciones, archivos y datos privados.

Los abogados argumentaba que la competencia debía recaer en la Audiencia debido a la complejidad técnica del caso, su carácter transnacional con conexiones en Israel, Luxemburgo y Bélgica, y por la naturaleza de los responsables, que incluían altos cargos de organismos estatales con sede en Madrid. Sin embargo, el tribunal dice que estos argumentos no son suficientes.

De haberles dado la razón se podría fragmentar la investigación en diferentes juzgados, lo que podría dificultar una visión global del presunto espionaje sistemático denunciado por los afectados. En cualquier caso, esta resolución no entra a valorar el fondo del asunto ni la veracidad de las acusaciones, limitándose a determinar qué órganos judiciales son los competentes para investigar los hechos.

El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha estado en el centro de diversas controversias internacionales al ser utilizado presuntamente por gobiernos de todo el mundo para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos.

En España, el Gobierno reconoció en 2022 el uso de este programa para el espionaje a algunos líderes independentistas, pero siempre bajo autorización judicial y por razones de seguridad nacional, una justificación que ha sido cuestionada por los afectados.