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    Gobierno

    Moncloa contrata a dedo y en secreto por 1,9 millones la ciberseguridad del presidente tras Pegasus

    La adjudicación se está tramitando por «procedimiento negociado sin publicidad» y «de urgencia», por un valor estimado de 1,88 millones de euros

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    Moncloa pegasus
    El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y documentos de la contratación secreta que está tramitando
    Roberto Pérez
    • Roberto Pérez @Robertoperezbc
    • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
      • 24/08/2023 06:54
      • Actualizado: 24/08/2023 10:10

    Moncloa está tramitando en secreto un millonario contrato de ciberseguridad específicamente para la oficina del presidente, ocupada de forma igualmente interina en estos momentos por Pedro Sánchez. El expediente ha sido declarado secreto por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El valor estimado del contrato asciende a 1,88 millones de euros, impuestos incluidos y llega un año después de que estallara el escándalo del espionaje de Pegasus al presidente y a varios miembros del Gobierno, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

    La adjudicación se va a realizar, además, a dedo y por trámite de urgencia. Será mediante una de las fórmulas de excepción que contempla la ley de contratos del sector público, porque la norma general indica que se ha de hacer con publicidad y libre concurrencia de licitadores.

    Al límite de la ley

    Esta excepción elegida por Moncloa es el denominado «procedimiento negociado sin publicidad». Es decir, el más opaco de los posibles para un encargo de tan elevado importe –la fórmula del contrato menor, para el que se aplica un mecanismo de similar opacidad, es imposible en este caso por el elevado presupuesto del contrato–. El procedimiento negociado significa que es el adjudicador, en este caso el Ministerio de la Presidencia, el que decide directamente a quiénes elige para participar en la licitación y en qué condiciones. Es decir, pilota con total margen de maniobra la decisión de a quién adjudicar el contrato.

    Respecto al trámite de urgencia, resulta también sorprendente porque está previsto para contratos que han de formalizarse con rapidez por haber surgido una necesidad imprevista o una causa sobrevenida. Y no parece que ninguno de esos supuestos encaje en lo que es un servicio que ha de resultar ordinario en la seguridad de la Presidencia del Gobierno y cuya renovación o contratación ha de hacerse con tiempo, de forma planificado. Eso, salvo que se haya detectado una amenaza inminente que antes no hubiera estado prevista.

    Según los documentos recabados por este diario, el procedimiento se activó el 28 de junio, con las elecciones generales ya en el horizonte inmediato. Fue impulsado por la Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia que pilota Félix Bolaños. En la sesión celebrada aquel día por la citada Junta, se aprobó «el acuerdo de inicio y la declaración de urgencia del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de los Servicios de Ciberseguridad en Presidencia del Gobierno». Así consta en un certificado firmado al efecto tras la reunión por el presidente de la Junta de Contratación, Roberto Martínez Orío, y por el secretario de la misma, Iván Carabaño Rubianes.

    Bolaños firmó antes de aprobarse

    Curiosamente, la declaración de secreto de ese expediente fue firmada por Bolaños el 26 de junio. Es decir, dos días antes de que se hubiera aprobado formalmente iniciar los trámites. La lógica apunta a que dicha declaración de secreto se hubiera producido, como mínimo, el mismo día en que la Junta de Contratación tomó el acuerdo de comenzar la licitación, no antes.

    En cualquier caso, el documento rubricado por Bolaños justifica que Moncloa tramite en secreto este contrato de ciberseguridad «en consideración a la naturaleza de los trabajos y a los lugares en los que habrán de realizarse los mismos, y para la protección de los intereses esenciales para la seguridad del Estado».

    Además, el Ministerio de la Presidencia ha decidido que el expediente se tramite por procedimiento «de urgencia». Así lo acordó la Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia el mismo 28 de junio, según consta en otro documento expedido al efecto por Roberto Martínez Orío y por Iván Carabaño Rubianes. Esa «urgencia» en la contratación fue justificada, según consta en dicho documento, «habida cuenta de la inaplazable necesidad de su pronta ejecución».

    Este nuevo contrato de ciberseguridad de Moncloa se aplicará específicamente y en exclusiva a las redes informáticas y de comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, lo que incluye los dispositivos y equipos directamente utilizados o al servicio del jefe del Ejecutivo, en este caso del interino presidente Pedro Sánchez y quien pudiera sucederle.

    El escándalo Pegasus

    El pasado 2 de mayo de 2022, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños comparecía de forma urgente en Moncloa, a las 9 de la mañana de un festivo local, para anunciar que el Ejecutivo había sufrido una intrusión en sus dispositivos móviles con esa herramienta de diseño israelí que, entre otros países, había comprado Marruecos tiempo atrás.

    El escándalo terminó con la carrera de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por motivos que el Gobierno nunca llegó a explicar. Tampoco accedió el Ejecutivo a una comisión de investigación para conocer el alcance del espionaje y si los datos extraídos por un tercer país -sólo los estados pueden adquirir esta tecnología- podían suponer un riesgo para la seguridad nacional o material para coaccionar a algún miembro del Gobierno.

    Moncloa se limitó a presentar una denuncia, con un informe pericial básico de apenas unas páginas firmado por el CNI, que constataba esencialmente la imposibilidad de conocer quién estuvo detrás y qué obtuvo de esos 3 gigabytes de datos del dispositivo móvil de Sánchez. A nivel nacional, caso cerrado.

     

     

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