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El Gobierno de Sánchez ha vendido a Lar, BlackRock y grandes inmobiliarias edificios públicos por más de 220 millones desde 2018

La mayor operación localizada es la venta del antiguo complejo del Ministerio de Hacienda en María de Molina

El Gobierno de Sánchez ha vendido a Lar, BlackRock y grandes inmobiliarias edificios públicos por más de 220 millones desde 2018
Jose de la Morena
  • Jose de la Morena
  • Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido desde su llegada a Moncloa edificios, viviendas y otros inmuebles públicos por más de 220 millones de euros a Grupo Lar, fondos gestionados por BlackRock y diferentes sociedades inmobiliarias y constructoras, según las adjudicaciones analizadas por OKDIARIO.

La cifra es deliberadamente conservadora. El cálculo incluye únicamente operaciones cuyo importe y adjudicatario han podido ser identificados y deja fuera las numerosas subastas convocadas durante estos años cuyo resultado no consta de forma suficientemente clara. Tampoco incorpora las ventas de Sareb, pese a que el Estado controla la sociedad desde 2022.

La mayor operación localizada es la venta del antiguo complejo del Ministerio de Hacienda situado en el número 50 de María de Molina, en una de las zonas más cotizadas de Madrid.

El Estado adjudicó el inmueble en septiembre de 2023 por 204,7 millones de euros a Barnaby Investments, sociedad de Grupo Lar, después de recibir seis ofertas. El precio de salida era de 156 millones, por lo que la propuesta ganadora lo superó en más de 48 millones.

La operación terminó siendo formalizada en agosto de 2024 por Grupo Lar y fondos gestionados por BlackRock a través de una sociedad conjunta. El destino del antiguo edificio público será muy diferente al que tuvo durante décadas: el proyecto contempla 153 viviendas de lujo y una residencia privada para estudiantes con unas 400 camas.

Posteriormente se incorporó al proyecto la Socimi Inbest, que adquirió una participación del 30%. La inversión total prevista para transformar el antiguo complejo de Hacienda ronda los 400 millones de euros y las viviendas comenzaron a comercializarse desde unos 650.000 euros.

Ventas de la Seguridad Social

El caso de María de Molina concentra la mayor parte de los más de 220 millones contabilizados, pero no es el único. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha vendido también durante los gobiernos de Sánchez numerosos inmuebles públicos a sociedades privadas.

Sólo en varias adjudicaciones realizadas en Madrid en 2021 aparecen operaciones por alrededor de 4,6 millones de euros.

Entre ellas se encuentran inmuebles situados en las calles Cavanilles, Diego de León, Fernando el Católico y Escosura. Entre los adjudicatarios aparecen Inversiones Inmobiliarias Darofen, Cysmad Soluciones Constructivas, Goco Patrimonio, Triunf Consulting, Resces 45 Investment y Promociones Inmobiliarias Encinas Quinzano.

Por ejemplo, Cysmad Soluciones Constructivas pagó 900.000 euros por un inmueble de Diego de León 35; Triunf Consulting, 752.000 euros por otro activo; Promociones Inmobiliarias Encinas Quinzano desembolsó 520.000 euros por otro inmueble de Escosura 3; y diferentes viviendas de Cavanilles fueron adjudicadas por importes comprendidos entre aproximadamente 346.000 y 456.000 euros.

Las ventas han continuado posteriormente. En otra operación inmobiliaria de la TGSS adjudicada en 2024 aparece Crismael con un importe de 5,03 millones de euros.

A ello se añaden cinco adjudicaciones de inmuebles situados en Narciso Serra 20 a LV Encinas Quinzano, Promociones Inmobiliarias Encinas Quinzano y Crismael. Los cinco lotes sumaron otros 2,5 millones de euros, con operaciones individuales de entre 386.000 y 570.000 euros.

Sólo la suma de estas operaciones verificadas, junto con María de Molina, permite superar con holgura el umbral de 220 millones de euros.

Una cifra calculada a la baja

El importe real de patrimonio vendido desde 2018 es superior. Los 220 millones no pretenden representar la totalidad de los inmuebles enajenados por todas las administraciones y organismos estatales durante los ocho años de gobiernos de Sánchez.

La Dirección General del Patrimonio del Estado ha continuado sacando al mercado edificios, viviendas, locales, solares y terrenos considerados innecesarios para el uso o servicio público.

Sólo en mayo de 2024, por ejemplo, Hacienda convocó una subasta de diez lotes propiedad del Estado en Madrid, Somosierra y Estremera. Entre ellos se encontraba un edificio de la calle Santorcaz valorado inicialmente en 2,19 millones y un dúplex de más de 400 metros cuadrados construidos situado en Fuencarral 8, en pleno centro de Madrid.

Meses después, en octubre, Patrimonio volvió a sacar a subasta otros seis lotes de la Administración General del Estado.

OKDIARIO no incorpora estos activos al cálculo porque que el Gobierno saque un edificio a subasta no significa que finalmente lo venda. Sólo se han contabilizado para establecer el mínimo de 220 millones aquellas operaciones cuyo resultado permite acreditar una adjudicación.

Por el mismo motivo, quedan fuera las operaciones de Sareb. El Estado tomó el control mayoritario del denominado «banco malo» en 2022 y desde entonces Sareb ha realizado importantes ventas inmobiliarias, pero sus activos proceden fundamentalmente de los transferidos por las entidades financieras tras la crisis bancaria y no pueden equipararse jurídicamente al patrimonio de la Administración General del Estado.

Entre ellas figura, por ejemplo, la venta en 2023 a Metrovacesa de derechos sobre suelo de Los Cerros, en Madrid, con capacidad para desarrollar alrededor de 1.100 viviendas. La operación no se incluye en los 220 millones.

También queda fuera la venta de la propia sede de Sareb en Madrid a Grupo Bancalé, pese a producirse cuando la compañía ya estaba controlada por el Estado.

El criterio permite establecer así un suelo especialmente prudente: más de 220 millones de euros en inmuebles públicos vendidos a Grupo Lar, fondos gestionados por BlackRock y diferentes sociedades inmobiliarias y constructoras durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

La operación de María de Molina resume el fenómeno. Un inmueble utilizado durante años por Hacienda fue vendido por 204,7 millones de euros y acabó en un proyecto impulsado por Grupo Lar y fondos gestionados por BlackRock para levantar viviendas de lujo y una residencia privada de estudiantes en pleno centro de Madrid.

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