Los Veintisiete dan luz verde a la tasa a las energéticas y a la reducción del 5% de la demanda eléctrica

Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado este viernes un acuerdo político sobre las medidas de emergencia para intervenir el mercado eléctrico comunitario y han pactado reducir la demanda eléctrica en la UE un 5% en horas pico, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite de 180 euros/MWh al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía.

Tras poco más de una hora de reunión, los titulares de Energía de los Veintisiete han adoptado estas medidas de emergencia para fijar una reducción obligatoria del consumo de electricidad, establecer una tasa de «solidaridad» a las intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, o redistribuir a los más vulnerables los beneficios extraordinarios de las tecnologías inframarginales que vendan la electricidad por encima de de 180 euros/MWh.

«Creo que hoy daremos otro paso necesario para gestionar la crisis energética. La Comisión ha propuesto medidas para reducir la demanda de energía y generar beneficios», ha indicado la comisaria de Energía, Kadri Simson, a su entrada al Consejo de ministros de Energía de la UE, al tiempo que ha agregado que estos instrumentos «relajarán la presión en los precios».

Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio al 31 de diciembre de 2023, si bien Chipre y Malta cuentan con excepciones específicas por su condición de islas energéticas, según informa Europa Press. 

Medidas

El acuerdo suscrito por los ministros de Energía de los Veintisiete establece que estas medidas serán compatibles con las implementadas a nivel nacional por los Estados miembros si tienen un carácter equivalente, como es el caso del mecanismo de minoración del gas o el impuesto sobre los ingresos de las grandes energéticas.

Así, los ministros de Energía han suscrito la propuesta de Bruselas de fijar una reducción obligatoria del 5% de consumo de la electricidad en la franjas horarias de máximo consumo y una disminución del 10% de la demanda de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

En todo caso, corresponderá a cada país introducir las medidas apropiadas para alcanzar los objetivos de reducción del consumo durante este periodo.

«El acuerdo alcanzado hoy supondrá un alivio para los ciudadanos y empresas europeos. Los Estados miembros aplanarán la curva de demanda de electricidad durante las horas pico, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios», ha indicado el ministro checo de Industria y Comercio, Jozef Síkela, en un comunicado.

Tasa de solidaridad

Además, los Veintisiete han convenido establecer una tasa de «solidaridad» a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasísticas o el sector del refino. Esta medida fijará una «contribución» del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años.

Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.

La tercera de las medidas acordadas por los países de la UE pasa poner establecer un máximo de 180 euros/MWh al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’).

El acuerdo contempla la posibilidad de que los países introduzcan modificaciones como establecer un limite de precios más elevado, utilicen medidas para limitar los beneficios del mercado, establezcan diferenciaciones por tecnologías o apliquen límites a los beneficios en el mercado a otros operadores como los proveedores.

Con este instrumento, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2023, se pretende atajar los beneficios extraordinarios de estas compañías de electricidad que se redirigirán a cubrir la factura eléctrica de los colectivos más vulnerables, para lo cual los Estados miembros podrán aplicar las medidas que consideren más convenientes e incluir ciertas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada mercado.