RECURSOS ESTRATÉGICOS

La mina de níquel elegida por Bruselas para el rearme europeo sigue estancada sin permisos ni actividad

Varios proyectos mineros seleccionados por la Comisión Europea se enfrentan a trabas burocráticas y dificultades al despegar sus actividades mineras

La mina de Aguablanca en Extremadura, a pesar de ser la única de níquel en España, todavía no es operativa

Trabajadores en la última mina de carbón en Mieres, España. Photo by Manu Brabo/Getty Images
Trabajadores en la última mina de carbón en Mieres, España. (Getty Images)

Europa quiere volver a la minería. Bruselas tiene en el punto de mira a siete minas esparcidas por la península española para desbloquear los minerales estratégicos esenciales tanto para el rearme, como para garantizar la independencia de la cadena de suministro europea. La minería española, a pesar de recibir amplia financiación a través de fondos europeos y Pertes en los últimos años, se ha visto frenada por obstáculos burocráticos, además de por una fuerte oposición ecologista. Por otro lado, los actores del sector se han visto envueltos en varios litigios precisamente contra estos grupos ecologistas, que han desembocado en la falta de rentabilidad de alguna de esas minas.

Entre ellos, una de las minas que la Comisión Europea ha destacado en su Ley de Materias Primas Fundamentales es la mina de Aguablanca, en la localidad extremeña de Monasterio, a 126 kilómetros de Badajoz. Este yacimiento, el único de níquel en España, fue descubierto en 1994, aunque sólo estuvo operativo diez años, hasta 2015. El yacimiento también dispone de un 20% de cobre. Desde entonces no ha levantado cabeza. El proyecto se encuentra ahora en manos de la canadiense Denarius Metals, a través de su filial española, Alto Minerals.

Denarius Metals, que «actualmente no produce y no dispone de fuentes de ingresos», registró pérdidas netas en 12 millones de dólares al cierre de 2024, según el folleto remitido a la Comisión de Valores de Ontario. La minera canadiense entró en un joint-venture con la española Rio Narcea Recursos S.A. (RNR) el año pasado para adquirir una participación del 50% en la compañía, y para conseguir, además, los permisos necesarios para poder explotar la mina de níquel por 25 millones de euros. Al frente de Río Narcea Recursos está el empresario extremeño Alejandro Ayala, el principal impulsor de la inmobiliaria Cívitas y patrocinador de la ciudad del Atlético de Madrid.

El yacimiento sigue frenado a falta de algunos permisos imprescindibles para dar luz verde a la extracción. El presidente y consejero delegado de la matriz canadiense, Serafino Iacono, aseguró en una entrevista el año pasado que el proyecto de Aguablanca comenzaría operaciones para junio del verano. Algo que, evidentemente, no se ha llegado a producir.

Entre los permisos que la empresa minera necesita está el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entidad que ya ha sancionado a Río Narcea Recursos antes, tras llevarla frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por extraer aguas alumbradas en el pasado. Ecologistas en Acción ha denunciado el uso de la Declaración de Impacto Ambiental concedida por la Junta de Extremadura en 2017. El grupo ecologista, en conjunto con otros grupos como el Observatorio Ibérico de Minería, ha manifestado que este permiso ya no está vigente, «dado que la minera no ha iniciado operaciones en el tiempo límite de cuatro años después de su concesión».

Hasta la fecha, la situación no ha cambiado, aunque Aguablanca ahora tiene puntos a su favor que podrían agilizar el papeleo burocrático. En primer lugar, al ser seleccionadas y respaldadas por la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario otorgará a Denarius y Río Narcea Recursos procesos acelerados para la aprobación de los permisos. Además, siendo la única mina de níquel en España, tendrá la ventaja de ser designada como una reserva a favor del Estado, un hecho que implica que la Administración central gestionará directamente  sus procedimientos. 

Los derechos mineros a Aguablanca han cambiado de manos varias veces desde que dejó de operar. Entre ellos, la constructora Sacyr tuvo una participación a través de un acuerdo con la canadiense Lundin Mining, y luego pasó por las manos de Geológica Monesteriense, donde Alaya es el administrador único. Río Narcea Recursos, por su parte, acogió con júbilo las noticias el pasado martes. «Permitirán facilitar la puesta en marcha y la operación de este proyecto de minería subterránea moderna, sostenible y alineada con los más altos estándares ambientales», aseguró la firma en un comunicado. 

Alegatos de malas prácticas

Por otro lado, los ecologistas han denunciado lo que consideran malas prácticas de la empresa explotadora, Denarius Metals, afincada en Canadá, y que cotiza en la Bolsa de Toronto, el epicentro global de las mineras cotizadas. «Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia», aseguró el grupo ecologista el pasado martes.

El historial que el grupo ecologista señala se remonta al año 2011, en Colombia, e involucra a Serafino Iacono, el presidente de la matriz canadiense. Iacono era directivo de la petrolera canadiense Pacific Rubiales, en su día el mayor productor privado de petróleo en Latinoamérica, que contaba por el 25% del suministro de petróleo a Colombia.

En ese momento, la empresa producía alrededor de 230.000 barriles de petróleo diarios, hasta que la firma se retiró de Colombia en 2015 tras varios escándalos nacionales y una huelga de los trabajadores que duró 120 días. A día de hoy, esa empresa ahora es Frontera Energy Corporation, que también cotiza en la Bolsa de Toronto. No obstante, Iacono se defendió de todo esto el año pasado en una entrevista, asegurando que la minería se practica siempre conforme al «derecho internacional» y que está sujeta «a las normas estrictas del Gobierno canadiense»

Alejandro Ayala, presidente de Río Narcea Recursos (de izquierda) con Serafino Iacono, presidente de Denarius Metals en frente de la Mina de Aguablanca en Monesterio (Extremadura) el 2 de febrero, 2024
Alejandro Ayala, presidente de Río Narcea Recursos (de izquierda) con Serafino Iacono, presidente de Denarius Metals en frente de la Mina de Aguablanca en Monesterio (Extremadura). Imagen cedida por Rio Narcea Recursos.

Los problemas legales no terminan allí para Denarius Metals. Iberian Resources Corporation, otra minera propietaria de un yacimiento en Huelva, presentó la semana pasada dos denuncias ante la Guardia Civil a Alto Minerals, filial de Denarius en España, alegando que la canadiense ocupaba sus instalaciones mineras en Huelva. Todo esto en España donde, como vemos, también habrá litigios entre las propias compañías.

Además, Frontera recibirá una sanción ambiental por parte del Gobierno colombiano por incumplimientos en las explotaciones que realizaron en el Campo Rubiales, el mayor campo de petróleo en Colombia, según adelantó Bloomberg Línea este miércoles.

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