Las empresas denuncian que la agenda energética del Gobierno es tan dañina como la de Zapatero

Los planes del Gobierno para la transición climática inquietan a las empresas energéticas españolas, que avisan de que las medidas impulsadas por el Consejo de Ministros recuerdan “la época de Zapatero”, que “terminó quebrando el sistema eléctrico español y encareció un 60% el recibo de la luz”. Un informe que manejan las compañías del sector energético, al que ha tenido acceso OKDIARIO y que hace un análisis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), avisa de que el Ejecutivo ha planteado una hoja de ruta “ideológica” y “tan rápida que será dañina para nuestro país”.

Los planes del Gobierno aspiran a la descarbonización plena en 2050 y establecen compromisos de eficiencia energética, reducción de gases de efecto invernadero y penetración de las renovables que, según las empresas del sector, “van mucho más allá de lo que exige el Acuerdo de París y los compromisos asumidos por la UE”.

El informe recuerda que “la descarbonización tiene un coste” y que, aunque limita la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, también aumenta los costes de la actividad productiva y, por lo tanto, “afecta al crecimiento económico y a la creación de empleo”. Es por ello, que todos los países salvo España han iniciado esta apuesta necesaria para mejorar el clima de forma “moderada” y “negociada”, remarcan fuentes del sector.

El documento avisa de que “los objetivos del Gobierno son mucho más ambiciosos que los que nos corresponden según la Comisión Europea” y que, si se ejecutan tal y como están previsto en la actualidad, “España pagará más que sus socios”. Mientras que la mayor parte de los países han diseñado sus estrategias siendo prudentes y planteando objetivos inferiores a los que les corresponden hasta ver el cumplimiento de los demás, España ha tomado una dirección completamente distinta.

El sector denuncia los “motivos ideológicos, incluso utópicos, que no tienen en cuenta los costes de la descarbonización y que esta debe hacerse al ritmo adecuado teniendo en cuenta las tecnologías disponibles y las características propias del país”. De hecho, el informe avisa de que “una descarbonización tan acelerada es especialmente costosa en un país aislado energéticamente como España”. De hecho, la ausencia de una interconexión suficiente exige que la penetración de renovables sea respaldada (o duplicada) con otras fuentes de generación para garantizar que se tiene siempre electricidad, incluso cuando no hay sol o no sopla el viento, lo que “se trasladará al recibo de la luz de los españoles, consumidores e industria”.

El Gobierno se ha comprometido a que, en 2030, como paso intermedio para la descarbonización plena, reducirá las emisiones de Gases de Efectos Invernadero en aquellos sectores sujetos a la compra de derechos de emisión (industrias, generación eléctrica, etc.) en un 60% frente a los niveles de 2005, cuando el recorte prometido por el conjunto de la UE es del 43%.

En otros sectores como el transporte, la reducción comprometida por España es del 38%, frente al 30% de la UE y 12 puntos por encima de lo que exigen las autoridades comunitarias. Es decir, que esto coloca a España entre los únicos tres países (y uno de ellos es Luxemburgo, de pequeña dimensión) “que han comprometido mayor reducción de emisiones en sectores como el transporte de las que les corresponden”.

De hecho, el 42% de la energía en su uso final debe proceder dentro de apenas diez años (en 2030) de fuentes renovables, un objetivo 10 puntos superior al que le corresponde a España (el 32%). Este porcentaje adquiere su verdadera importancia si se compara con el de Alemania (que se compromete con un 30%, por debajo del compromiso del 32% de la UE), Francia (32%) e Italia (30%).

Ante esta realidad, el sector es especialmente duro: “Esto recuerda a la época de Zapatero en la que, mientras Alemania comprometía para 2020 un 18% de objetivos de renovables, España comprometía un 20%, lo que terminó quebrando el sistema eléctrico español y encareció un 60% el recibo de la luz”.

Además, España se ha comprometido a que en 2030 el 74% de la generación proceda de fuentes renovables y en 2050 el 100%, un objetivo autoimpuesto que no se ha fijado ni siquiera la UE. Al sector energético también le preocupa que el único objetivo en el que España no va más allá que las autoridades comunitarias es en el aumento de la interconexión (eléctrica y gasista) con Europa, con un objetivo del 15% de la capacidad instalada en 2030, a pesar de que la Comisión considera este elemento como algo “crítico” porque es consciente de que es indispensable para abordar la transición climática y desarrollar las energías renovables garantizando la seguridad del suministro y con el menor incremento de coste posible.

El sector cree que España va mucho más allá que el resto de países por ingenuidad e ideología. “En aras de esta ideología se sacrifica el crecimiento, el empleo, la industria y el bienestar de la sociedad actual”, remacha el informe.

El problema real es que Bruselas no se cree que España pueda cumplir con sus objetivos y considera que el plan del Gobierno no garantiza suficientemente que la descarbonización vaya acompañada de los necesarios elementos de seguridad de suministro y competitividad. “Una economía neutral en emisiones de carbono debe estar respaldada por políticas igualmente ambiciosas sobre la seguridad del suministro, las dimensiones del mercado interno y las dimensiones de investigación, innovación y competitividad”, señala el documento de la Comisión Europea en el que cuestiona el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 de España.