Galán reitera que no hubo irregularidades en los contratos de Iberdrola con el ex comisario Villarejo
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que no hubo ninguna irregularidad en los contratos de la eléctrica con empresas vinculadas al ex comisario José Manuel Villarejo, haciendo referencia a la investigación de PwC y un informe del bufete Baker & McKenzie, que ha confirmado que no hubo irregularidades.
Durante la presentación ante analistas de los resultados semestrales de la compañía, Sánchez Galán ha recordado que en aquel momento una veintena de empresas españolas y algunas administraciones públicas «contrataron a una empresa de seguridad que era legal, Cenyt, vinculada a Villarejo».
De esta forma, el presidente de la eléctrica ha vuelto a hacer referencia a la investigación de la Audiencia Nacional sobre un encargo de la filial de renovables de Iberdrola, de hace 17 años y por un importe de 25.000 euros, que se centró en investigar a una empresa suiza con la que se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
PwC y Baker & McKenzie
En ningún momento, ha indicado Sánchez Galán, Iberdrola tuvo conocimiento de que dicha contratación fuera irregular. Además, ha subrayado, cuando en 2018 comenzaron los procesos judiciales contra las empresas del ex comisario, la compañía que preside encargó una investigación exhaustiva e independiente a PwC.
La eléctrica también pidió la opinión legal del bufete Baker & McKenzie, que ha confirmado que no hubo irregularidades y que todos los procedimientos de gobernanza han funcionado, y que a ningún directivo de la compañía se le puede achacar ninguna conducta reprochable. El informe, incluido en la información enviada este miércoles con las cuentas del semestre, concluye que la compañía «no conocía ni pudo haber conocido que Villarejo era policía en activo al tiempo de su contratación», origen del presunto delito de cohecho.
Se contrató a Cenyt, prosigue el informe, en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia, y no hay indicios de que se haya obtenido información de forma ilícita con vulneración de derechos fundamentales. Todos los departamentos de Iberdrola cumplieron con los estándares más altos de gobernanza, y su diligencia «excede la media observada en otras empresas cotizadas», añade el documento.
No obstante, admite que, aunque «en lo que al grupo se refiere los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes», sí puede haber un impacto reputacional. En este sentido, Sánchez Galán ha asegurado que Iberdrola emprenderá «todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa y defender los intereses de los accionistas».
A finales de junio Sánchez Galán fue imputado por su relación con el ex comisario junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Un mes más tarde, a comienzos de julio, el magistrado decidió la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables por estos mismos hechos.