La regulación del Gobierno de Sánchez incentiva la subida del precio del alquiler

En una entrevista radiofónica, un dirigente de una asociación de propietarios de viviendas criticaba (con toda razón) la expropiación de pisos decidida hace pocos días en Baleares, así como también el decreto que facilita la “okupación” de viviendas. Además, acertaba en no esperar nada bueno del proyecto de ley de vivienda que prepara el Gobierno, que podría incluir la intervención estatal sobre el precio de los alquileres.

La línea argumental era la defensa del derecho de propiedad de los dueños de las viviendas, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Un derecho que está siendo atacado, para perjuicio de toda la sociedad, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Mi sorpresa llegó al escuchar las propuestas de ese mismo dirigente para hacer “asequible” el alquiler de viviendas. La misma utilización de la palabra “asequible” fue un error: implicaba aceptar la idea socialista de un mercado “tensionado” que hace necesaria la intervención gubernamental, cuando ese no es el caso. Los índices que publica el Instituto Nacional de Estadística muestran un aumento de los alquileres de vivienda de 0,8% en los últimos doce meses.

La misma persona que defendía el derecho de propiedad de unos, sugería propuestas que implicaban la lesión del derecho de propiedad de otros: más construcción de viviendas “sociales” y más “colaboración público-privada”. Cualquier nueva actuación gubernamental exige recursos que se deben obtener de impuestos. Esos impuestos implican la confiscación de parte del fruto del trabajo de los contribuyentes. De ahí la lesión al derecho de propiedad que conllevan esas propuestas.

En aquellos lugares de España en que el precio del alquiler haya subido mucho (algo que, repito, no es el caso general), hay un exceso de demanda: hay muchos que quieren alquilar, pero pocas viviendas disponibles. Eso es lo que refleja el aumento del precio y no un afán “especulador” de los propietarios. La pregunta relevante es por qué hay pocas viviendas ofrecidas en alquiler. Mucho más, como en el caso de Baleares, cuando hay viviendas vacías cuyos propietarios no ofrecen.

Uno de los aspectos más perjudiciales de muchas regulaciones estatales es que crean grupos de ganadores y perdedores

La respuesta es por la intervención innecesaria del Gobierno, que perjudica a todas las partes. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió “proteger” a los inquilinos reformando la Ley de arrendamientos urbanos: desde marzo de 2019, el plazo mínimo del contrato de alquiler se extendió a cinco o siete años (según el arrendatario sea persona física o jurídica). Esa medida, por una parte, incrementó el riesgo de poner una vivienda en alquiler; por otra, obligó a retirar del mercado las viviendas cuyos propietarios pensaban venderlas antes de cinco/siete años (o que no quisieran tener su propiedad indisponible por semejante plazo).

Sea cual fuere el impacto de otras cuestiones (como podría ser una menor oferta por el crecimiento de los alquileres turísticos), el Gobierno de Pedro Sánchez estimuló el aumento del precio de los alquileres por dos vías: primero, por haber incrementado el riesgo del contrato (la simple extensión del plazo supone una mayor incertidumbre); y, segundo, por haber hecho que muchos propietarios no pudieran seguir ofreciendo sus viviendas (caída de la oferta). A ese perjuicio para los inquilinos (actuales y potenciales), se suma el quebranto ocasionado a esos propietarios, que pierden una renta y, al mismo tiempo, deben seguir haciendo frente a los costes (IBI, comunidad, servicios públicos, etc.). Un ejemplo perfecto de la capacidad empobrecedora del socialismo.

Lo primero que hay que exigir al Gobierno es que simplifique la regulación del contrato de alquiler y elimine los plazos mínimos antes señalados. Es decir, exigirle que respete el derecho de propiedad. Algo que, además, no costaría ni un solo euro a las arcas públicas.

Uno de los aspectos más perjudiciales de muchas regulaciones estatales es que crean grupos de ganadores y perdedores. Eso divide a la sociedad y crea presiones para nuevas intervenciones. Así, solo ganan los políticos (aumentan su poder) y aquellos grupos con capacidad de lobby. Todos los demás, perdemos. La pelea es entre los individuos y el creciente poder estatal. Cualquier propuesta que nos divida, fortalece al Gobierno y debilita a todos los que no vivimos de la política.