La propuesta de reforma eléctrica de la UE choca frontalmente con la de la ministra Ribera, según EY

La propuesta de reforma del sector eléctrico presentada por la Unión Europea y que deberá aprobarse en los próximos meses choca frontalmente con buena parte de las ideas de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Estas pasan por una intervención de los precios y acarician el fin del mercado marginalista, que es el que funciona actualmente y en el que los precios son el resultado final de casar la oferta y la demanda después de un proceso complejo pero que finalmente ha reportado grandes beneficios a los consumidores, de acuerdo con la opinión mayoritaria en la Comisión Europea.

Según un informe de la consultora EY sobre la marcha del proceso, la propuesta de Bruselas defiende el buen funcionamiento -así como la conservación- del sistema marginalista como mecanismo para optimizar las inversiones en energías renovables, promover la descarbonización y fomentar precios competitivos. ACER, el regulador europeo, afirmaba en un informe en abril de 2022 que el buen funcionamiento del diseño actual del mercado ha aportado más de 34.000 millones de euros en beneficios anuales en los últimos diez años a los consumidores en comparación con lo que habría sido un sistema sin interconexiones. Ha supuesto la reducción de obstáculos para los ciudadanos, ha jugado un papel clave en la promoción de la inversión renovable en los países de la UE y ha permitido avanzar en la transición energética y la reducción de emisiones.

Según la consultora, la propuesta de la Comisión insiste en el desarrollo de los mercados a plazo -los contratos por un periodo largo de tiempo-, para lo que sería preciso el fomento de la liquidez y la reducción de los costes de cobertura, y advierte a los países de que las medidas que eventualmente  puedan adoptar sobre el sector no sean retroactivas, que es un aspecto clave para no perturbar la confianza legítima de los inversores, lo que supondría un impacto muy negativo en las necesidades de capital que requiere la transición energética.

Por otro lado, la UE aconseja la reforma de los mercados de capacidad, simplificando los procedimientos de aprobación y evaluando su duración temporal. En el caso de España, el último informe publicado por ENTSO-E -la asociación europea para la cooperación de los operadores del sistema eléctrico- señala que podría haber un problema de resistencia en 2025 si el Gobierno no aprueba algún tipo de mecanismo de capacidad. «Sería importante que España pudiera contar con este instrumento lo antes posible», asegura la propuesta. Dicho mecanismo son las remuneraciones que los estados miembros conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad con el objetivo de garantizar el suministro.

Bruselas se propone evitar la segmentación de precios entre estados miembros. «Además de salvaguardar el diseño marginalista, el modelo debe garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y evitar crear una segmentación de precios entre países derivada de las diferentes combinaciones de generación, lo que socavaría la igualdad de condiciones». «La nueva regulación y los peajes de acceso deberían tener en cuenta el papel clave que las redes juegan y seguirán jugando a la hora de abordar los retos relevantes que los sistemas eléctricos: mayor descentralización (vehículos eléctricos, autoconsumo, etc.), mayor digitalización y más descarbonización», señala Bruselas.

El informe de la consultora EY viene después de otro realizado por PwC en el que también se concluye que la propuesta española para dar lugar a una directiva aplicable a toda la Unión Europea podría eliminar la libre competencia, ir en contra de las reglas básicas del mercado y alumbraría un sector más intervenido con grave perjuicio para los consumidores y para los generadores de energía. El informe elaborado por la consultora PwC es muy crítico con las consideraciones enviadas a los órganos comunitarios por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. De acuerdo con el análisis citado, el Gobierno español basa su propuesta en la existencia de determinadas hipótesis que son cuestionables, «de lo que resulta un diseño de mercado regulado y centralizado en el que se concede un protagonismo extra a la figura de un regulador como comprador único de la energía».

Como consecuencia de los planes que maneja la ministra Ribera, y que se apartan de manera considerable de los del resto de los países, el mix de generación futuro no resultaría de la competencia entre agentes por invertir en tecnologías innovadoras y eficientes en costes sino de decisiones del Estado, lo cual podría derivar en un sobrecoste para los consumidores o en déficit de inversión, lo que pondría en riesgo la seguridad de suministro. Uno de los aspectos más cuestionables de las ideas del Gobierno, de acuerdo con la comparación que hace PwC de las propuestas de unos países y de otros, es la de poner en riesgo la contratación de energía a plazo y con un precio acordado entre la empresa y el consumidor, que a su juicio es un mecanismo que ha demostrado ser eficiente y ha ayudado a conseguir la penetración de energías renovables, a la vez que ha proporcionado a los consumidores estabilidad mediante contratos a precio fijo.