Plus Ultra prepara un ERE para toda su plantilla ante la dificultad de devolver el rescate y el precio del combustible

Plus Ultra, la compañía aérea que en 2021 se benefició de un rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno tras considerarla «estratégica» -pese a que en ese momento solo operaba una aeronave- ha comunicado formalmente a los sindicatos su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) que podría afectar a la totalidad de su plantilla; esto es, a 679 empleados, de los que 668 se encuentran en activo y 11 en excedencia.

Y no solo eso, pues la empresa presidida por Hugo Castaño -el sustituto del imputado Julio Martínez Sola- también prevé suspender de manera definitiva «determinadas rutas transatlánticas». Sobre las causas de esta decisión -siempre, según la versión de los sindicatos-, la cúpula apunta a razones «económicas, productivas y organizativas» que se habrían visto agravadas por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores.

De esta lista de problemas, el más acuciante quizá sea el precio del combustible, pues es de sobra sabido que la crisis energética derivada de la guerra de Irán ha hecho mella en las cuentas de resultados de todas las aerolíneas.

No obstante, lo que para IAG o Lufthansa ha supuesto apenas una reducción del beneficio, para Plus Ultra se ha traducido en un gasto en combustible que se prevé de 104,83 millones de euros para este año, frente a los apenas 69,13 millones presupuestados inicialmente. Es un 51,6% más, un aumento que ha arrastrado a la empresa a un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto.

De hecho, otra de las medidas encima de la mesa es una posible reducción del 61% en las horas comerciales de vuelo regular, lo que equivale a reducir el radio de acción de la empresa a menos de la mitad.

Con estos datos, a nadie escapa que hay serias posibilidades de que esta historia acabe en un concurso de acreedores. O al menos, ese es el temor del sindicato UGT, que ha emitido un comunicado en el que considera «imprescindible» que la plantilla disponga de información «clara, completa y verificable» sobre la situación real de la compañía y sus perspectivas de futuro.

Por ello, sigue la nota, el sindicato demanda una «transparencia absoluta» sobre el estado financiero y patrimonial de la aerolínea, junto con información «detallada» en cuanto a las negociaciones con posibles inversores y los planes de viabilidad. Entre otras reclamaciones, a su vez, los trabajadores piden garantías sobre el mantenimiento de la actividad y la continuidad de la empresa, así como la protección de los derechos laborales y económicos de toda la plantilla.

Una solución a medio camino, según ha deslizado la propia empresa, sería  negociar suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un ERTE, una medida que UGT no descarta de entrada: «(las medidas adicionales) Deben analizarse con rigor, siempre que supongan una solución real y no una prolongación de la incertidumbre», han afirmado en el comunicado.

Lo que está claro es que cualquier solución, sea con o sin la llegada de un inversor externo, deberá contar con el rescate de 53 millones de euros otorgado en 2021 por la Sepi, pues la firma tiene la obligación de devolverlo y por el momento únicamente ha satisfecho 12 millones en intereses.

Lo cierto es que la devolución del primer tramo de ese préstamo (19 millones de euros) venció en marzo de este año, hecho que obligó a la empresa a dejar en garantía el 51% de sus acciones para recibir la financiación y abre la puerta a una posible absorción por parte del Estado en caso de que no sea posible devolver el importe.

Así las cosas, más de cinco años después de beneficiarse de la polémica ayuda, Plus Ultra se enfrenta a la situación que en su momento se pretendía evitar, que es un despido masivo o incluso un concurso de acreedores. Esto, partiendo de la premisa de que realmente el rescate de 2021 fuera aprobado únicamente por motivos de interés público, extremo que está en duda desde que estallara el llamado caso Plus Ultra o caso Zapatero, por el papel que habría jugado el expresidente como presunto facilitador de la operación a cambio de comisiones. Hace apenas dos días, precisamente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama informaba de su decisión de prorrogar durante seis meses más la investigación contra el expresidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias en esta operación.