Palo de la Seguridad Social: coger la baja laboral va a ser más difícil a partir de ahora

La baja laboral, tan necesaria para los trabajadores en momentos de enfermedad o incapacidad, se enfrenta a cambios significativos que de alguna manera complicarán su solicitud y mantenimiento dado que el número de bajas parece que ha aumentado en nuestro país. Las medidas implementadas por la Seguridad Social prometen un control más estricto para verificar la legitimidad de cada baja, en respuesta a ese incremento alarmante de solicitudes en el último año. Esta situación no sólo ha generado preocupación en las empresas, sino que también plantea retos adicionales para los trabajadores.

En 2023, se tramitaron más de ocho millones de bajas laborales que supusieron un gasto de 14 millones de euros para el Estado. Estas cifras llevan a que se tengan que repasar los procesos para evitar posibles fraudes. Ahora, las empresas deben proporcionar información detallada sobre las funciones específicas del trabajador que solicita la baja, mientras los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encargan de analizar cada caso al detalle. Además de los controles administrativos, se ha reforzado el papel de las evaluaciones médicas. Los trabajadores no solo deberán justificar su incapacidad inicial, sino que también estarán sujetos a revisiones periódicas que podrían acelerar su reincorporación al trabajo, incluso antes de una recuperación total. Estas nuevas directrices reflejan un cambio de enfoque en la gestión de las bajas laborales, priorizando la eficiencia y el control.

Coger la baja laboral va a ser más difícil a partir de ahora

Una de las medidas más destacados para poder controlar la baja laboral es la obligación de las empresas de proporcionar información específica sobre las tareas del empleado que solicita la baja. Este nuevo requisito tiene como objetivo que los evaluadores del INSS puedan analizar con precisión si la condición médica del trabajador justifica su incapacidad para desempeñar sus funciones.

Por ejemplo, si un empleado realiza labores físicas intensas y sufre una lesión muscular, será más sencillo justificar su baja que en el caso de un trabajador con responsabilidades administrativas. Este nivel de detalle busca eliminar cualquier duda sobre la legitimidad de las solicitudes, reduciendo así posibles abusos del sistema.

Más revisiones médicas, menos tiempo de recuperación

El aumento de las evaluaciones médicas es otra medida clave dentro de esta nueva estrategia. Ahora, los trabajadores en baja laboral deberán someterse a revisiones frecuentes para determinar si su estado de salud sigue impidiéndoles realizar su trabajo. Estas evaluaciones más estrictas podrían llevar a que algunos trabajadores se reincorporen antes de completar su recuperación, siempre que los médicos consideren que pueden desempeñar sus funciones sin riesgo.

Este punto ha generado inquietud, ya que muchos temen que estas reincorporaciones prematuras puedan afectar negativamente la salud de los trabajadores a largo plazo. Además, el cambio en el proceso administrativo, donde será el médico quien envíe directamente el informe a la empresa, añade una capa de transparencia y control.

¿Quién asume el coste de las bajas laborales?

La financiación de las bajas laborales también sigue siendo un tema relevante. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador recibe el 60% de su base reguladora desde el día 4 al 20 de la baja y el 75% a partir del día 21. En el caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, el porcentaje asciende al 75% desde el primer día.

Para los trabajadores por cuenta ajena, la empresa es responsable del pago durante los primeros 15 días. A partir de ahí, el coste recae en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la mutua correspondiente, dependiendo del caso. Estas medidas buscan equilibrar el gasto entre las empresas y el Estado, pero el aumento en las solicitudes ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema actual.

Duración máxima de una baja laboral

La Ley General de la Seguridad Social establece que la duración máxima de una baja laboral es de 365 días, con una prórroga adicional de 180 días si la condición del trabajador lo justifica. En total, un empleado podría estar de baja hasta 545 días antes de enfrentarse a la decisión de reincorporarse o solicitar una incapacidad permanente.

Sin embargo, con las nuevas medidas de control, es probable que las bajas largas sean revisadas con mayor rigor, aumentando la presión sobre los trabajadores para justificar cada extensión.

Los cambios implementados por la Seguridad Social reflejan una necesidad urgente de controlar el gasto público y garantizar que las bajas laborales sean utilizadas de forma legítima. Sin embargo, estas medidas también plantean desafíos para los trabajadores, quienes ahora deberán enfrentarse a procesos más complejos y revisiones más frecuentes.

El endurecimiento de los requisitos y el aumento de los controles son una muestra de cómo el sistema busca adaptarse a las demandas actuales. Aunque el objetivo es reducir el fraude y optimizar los recursos, será crucial garantizar que estos cambios no se conviertan en una carga adicional para aquellos que realmente necesitan una baja laboral.