Mercado inmobiliario

La morosidad del alquiler se multiplica casi por tres en un año por la pandemia

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Morosidad bancaria. (Foto: GETTY/ISTOCK)

La morosidad del alquiler se ha convertido en uno de los mayores problemas de los propietarios tras la pandemia del coronavirus. La capacidad de pago de los inquilinos se ha visto irremediablemente afectada por la incertidumbre económica, lo que ha disparado la morosidad del alquiler, a pesar de los préstamos blandos aprobados por el Gobierno. Aunque se ha superado el momento más crudo de la crisis, los datos confirman que las incidencias de impago son casi el triple que hace año. En concreto, a finales de agosto representaban el 7% de los contratos que monitoriza el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), mientras que hace justo un año sólo suponían un 2,7%.

Los datos de finales de julio y agosto arrojan algo de luz para los propietarios. El número de reclamaciones se ha estabilizado, e incluso se ha reducido once puntos respecto al máximo anual alcanzado en la segunda semana de mayo, cuando las incidencias supusieron el 14%. Sin embargo, es pronto para anticipar una cambio de tendencia. Todo dependerá de cómo evolucione la situación económica.

«Es difícil hacer previsiones. Las incidencias de impago del alquiler están supeditadas a la evolución de la economía. Habrá que ver si la gente que está en ERTE vuelve al trabajo o si cobran las ayudas. Lo cierto es que los propietarios siguen solicitando verificaciones sobre sus inquilinos. Quieren saber si pueden o no pueden pagar la renta», explica Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos en conversación con este periódico. El experto también recuerda que el pago de la renta supone entre el 30% y el 35% de los ingresos netos de un inquilino.

En ese escenario marcado por la incertidumbre, propietarios e inquilinos siguen negociando al margen de la ley cualquier posible incidencia en el pago de las rentas. Algunos acuerdan rebajas de los alquileres, quitas o aplazamientos. «Los propietarios particulares han negociado rebajas temporales de los alquileres y también finalizaciones de contrato anticipadas. Sin embargo, los grandes tenedores de viviendas se han inclinado por las moratorias», dicen desde FIM.

El fracaso de los ICO

Las ayudas que las administraciones públicas han puesto en marcha durante la pandemia en materia de alquiler han sido claramente ineficaces. Es más, los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) aprobados por el Gobierno en marzo han despertado un interés mínimo entre los usuarios. Simbólico, decían en su momento las entidades bancarias. ¿El motivo? Los inquilinos prefieren no seguir endeudándose. A ello hay que sumarle la confusión que la medida generó entre los usuarios en pleno confinamiento. Los ciudadanos que a finales de abril acudieron a su entidad para solicitar el crédito se quedaron con las ganas, ya que el Ministerio de Asuntos Económicos todavía no había habilitado el mecanismo.

El ICO puso a disposición de los bancos la línea de avales por un máximo de 1.200 millones de euros. Además, se comprometió a pagar los gastos e intereses de los préstamos concedidos a los clientes por las entidades con cargo a sus fondos, por un importe global máximo de 112 millones de euros. Los ciudadanos que quieran solicitar los créditos ICO al alquiler pueden hacerlo hasta el 30 de septiembre. Deben acreditar que, a consecuencia de la crisis, se encuentran afectado por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) o han visto reducida su jornada por motivo de cuidados.

El importe de la renta a pagar, sumado a los gastos por suministros básicos de la vivienda, debe ser igual o superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar.

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