Montero vende que estudia subir el IVA a la sanidad privada tras negárselo al sector 48 horas antes

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no descarta que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan una subida del IVA tanto para la sanidad como para la educación privada hasta el 21%. Sin embargo, en una carta enviada el pasado viernes al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España aseguró que no se lanzaría esta medida al no respetar la normativa europea.

«Hemos recibido contestación por parte de la ministra de Hacienda, donde nos indica que es habitual que en la época de la confección de los presupuestos surjan especulaciones, como la actual basada en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Que si bien, estos estudios son parte de los documentos de trabajo del Gobierno, no significan que sean aplicadas por el Ejecutivo», señalan desde el organismo.

Pese a esta promesa, la ministra volvió a repetir el domingo en una entrevista que el Ejecutivo no descartaba subir el IVA a la sanidad y la educación privada o modificar los incentivos fiscales a los planes de pensiones, aunque precisó que todavía está en estudio y que el Gobierno todavía no ha «tomado la decisión».

Hay que tener en cuenta que la exención de asistencias a personas físicas por profesionales sanitarios emana de una directiva europea de obligado cumplimiento y, por tanto, es una exención obligatoria y así está incluida en el artículo 20 de la ley del IVA.

Contradicciones

De este modo, Montero ha llegado a incurrir en una contradicción hasta dos veces en tan solo una semana. Tal y como se desprende del escrito que la ministra remitió a los profesionales del sector, el Gobierno no tiene intención de suprimir la exención del IVA en los servicios sanitarios privados, tal como se recogió en algunos medios, y tal y como ella misma ha afirmado hasta en dos ocasiones.

Por su parte, desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España han remarcado que «estaremos expectantes por si esta medida, tan negativa para el sector de la fisioterapia, vuelve a plantearse, con el fin de tomar las medidas de presión necesarias para evitarlo».

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que el incremento neto de la recaudación ascendería hasta los 1.763 millones de euros si el Gobierno llevara a cabo esta medida. Sin embargo, la traslación de pacientes de la privada a la pública supondría un incremento del gasto de 2.145 millones de euros para el Estado, con lo que estaríamos hablando, según este organismo, de un déficit de 382 millones para las arcas públicas.

Mientras, desde la Fundación IDIS, entidad que aglutina al sector sanitario privado, reconocen que es difícil cuantificar ese trasvase, pero aseguran que su labor supone un ahorro de entre 5.000 y 11.000 millones de euros anuales, en función del uso que los asegurados hacen de las pólizas que tienen contratadas.