El mapa oculto del poder minero en España: cómo un triángulo de magnates llegaron a controlar al sector
Este grupo de empresarios han ocupado cargos en al menos 262 sociedades, según el Registro Mercantil
Cuando la Comisión Europea seleccionó ocho proyectos estratégicos en España para liderar al continente en la carrera extractiva contra China, los mismos nombres empezaban a resaltar en los documentos legales, desde Extremadura hasta Galicia. Una investigación de este periódico ha analizado a decenas de informes, documentos internos y concesiones mineras que muestran que la cadena de valor en España ha quedado en manos de un entramado de poderosos magnates mineros que al parecer, se relacionan a través de compañías interconectadas.
En concreto, dos de los proyectos dotados con fondos europeos, y designados «estratégicos», estuvieron en manos de este grupo de empresarios: la Mina de Aguablanca (Extremadura) y la Mina de Penouta (Galicia). En el último caso, un concurso de acreedores en Galicia, además de una causa penal por un supuesto «delito contra los recursos naturales o medio ambiente», ha obligado a los empresarios a vender sus permisos a una australiana que tiene vínculos con empresarios de Pekín.
Este círculo de siete empresarios y expertos legales han logrado adquirir permisos desde los años ochenta a través de una red de empresas domiciliadas en Canadá y España, tras sus anteriores vínculos con sociedades difuntas en países como Colombia o Venezuela. El trío central de la red minera está formado por el empresario italiano-venezolano Serafino Iacono y los venezolanos Miguel de la Campa y Jaime Pérez Branger, quienes estuvieron detrás de la petrolera canadiense Pacific Rubiales y la minera de oro Grand Colombia Gold. Pacific Rubiales se vio envuelta en varios litigios y eventualmente quebró tras no poder cumplir con sus pagos. Iacono, por su parte, tienen varias entidades offshore registradas, según indican los Papeles del Paraíso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Luego, está el flanco español del grupo, que consiste en Íñigo Resusta Covarrubias, quién también es el dueño de iBroker Global Markets, un bróker especialista en derivados, además de un centenar de empresas más, según el Registro Mercantil. Otro personaje clave es el extremeño Alejandro Ayala, también conocido por estar detrás de Civitas, que hasta 2024 fue el patrocinador oficial del estadio del Atlético de Madrid, hasta que cambió al Riyadh Air Metropolitano. El brazo técnico del grupo es el ingeniero Francisco García Polonio, fundador de la consultora minera Salamanca Ingenieros S.L. (ahora Sequoia Venture Capital).Para poner todo esto en contexto, las empresas parecen tener alguna conexión entre ellos, ya sea a través de la estructura de propiedad de la empresa, accionistas o socios similares, o proyectos en común. Un ejemplo es la sociedad minera, Río Narcea Recursos (RNR), una compañía domiciliada en España que obtuvo los permisos de las minas, Mina El Valle-Boinás (Asturias) y la mencionada Mina de Aguablanca, una explotación cerca de Badajoz de cobalto, cobre, y el único del níquel en España. En este caso, tanto Iacono, Branger y Covarrubias ocuparon cargos ejecutivos en esta empresa. Además, el principal accionista de RNR es la canadiense Denarius Metals (con 21%), otra empresa co-fundada por de la Campa, Covarrubias e Iacono, según el regulador bursátil canadiense. El caso se repite de nuevo con respecto a la sociedad Strategic Minerals Spain (filial de Strategic Minerals Europe), el anterior dueño de la Mina de Penouta, actualmente en concurso de acreedores.

El análisis de este periódico ha hallado que, en total, el grupo de empresarios han ocupado cargos en al menos 262 sociedades, según el Registro Mercantil. Fuentes próximos al pueblo de Viano de Bolo (Ourense), el pueblo que alberga a la Mina de Penouta, han explicado a este periódico que «los anteriores propietarios podrían estar implicados en la nueva oferta» de la australiana, Energy Transition Minerals (ETM), quiénes ganaron la subasta pública para adquirir los permisos mineros. No obstante, el único vínculo que este periódico ha hallado entre ambas sociedades es a través de Pablo de la Esperanza Rodríguez, el notario que utilizaban ambas sociedades, según indican las escrituras públicas de ambas minas, vistos por este medio.