Liberty ultima un acuerdo con SEPI para quedarse con la planta de aluminio de Alcoa en Lugo
El comprador renuncia a su exigencia de hacerse también con la planta de alúmina y negocia un contrato de suministro
Liberty exige quedarse la planta de alúmina para comprar la de aluminio de Alcoa a través de la SEPI
Los sindicatos ceden ante Alcoa: acuerdan iniciar las negociaciones para la venta a la SEPI
La salvación de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y de sus 500 empleados está más cerca. El conglomerado metalúrgico asiático GFG Alliance (Liberty) ultima un acuerdo con la SEPI para hacerse con esta instalación inmediatamente después de que el holding público se la compre a la empresa estadounidense, según fuentes conocedoras de la situación. Para facilitar la operación, GFG ha renunciado a su exigencia inicial de quedarse también con la planta de alúmina anexa a la de aluminio, que finalmente podrá seguir operando Alcoa.
Alcoa inicialmente no quería vender la planta de aluminio, sino cerrarla directamente, para lo que planteó un ERE de toda la plantilla. Esto fue lo que hizo encallar las negociaciones con GFG del verano pasado, donde no hubo voluntad de acuerdo sobre los costes operativos que debía cubrir Alcoa y sobre la garantía de suministro de alúmina (la materia prima con la que se hace el aluminio, que se refina en dicha instalación anexa del complejo lucense) durante una serie de años.
Sin embargo, un tribunal tumbó el ERE en diciembre por «mala fe» de Alcoa y la empresa con sede en Pittsburgh (Pensilvania) se vio forzada a volver a negociar la venta, pero esta vez exigió que la SEPI actuara como intermediaria en lo que se conoce como una operación back to back: comprar para revender inmediatamente a GFG. Entonces fue este conglomerado, propiedad del magnate indio Sanjeev Gupta, quien descartó un contrato de suministro de alúmina y reclamó comprar conjuntamente las dos plantas, la de aluminio y la de alúmina.
Sin embargo, Alcoa se enrocó en su postura de mantener la de alúmina (que asegura que es rentable, a diferencia de la de aluminio), lo que hizo temer un nuevo descarrilamiento de las negociaciones. Ante esta situación, GFG ha aceptado dejar fuera de la operación la instalación de alúmina y adquirir únicamente la de aluminio. «Liberty preferiría ganar 5-0, pero la cuestión es ganar, aunque solo sea por 1-0 en el último minuto», explica gráficamente una de las fuentes consultadas.
El papel de la SEPI
Así que ahora están negociando, por un lado, la SEPI con Alcoa, y por otro, GFG con la SEPI. Este segundo proceso es el que está muy cerca de un acuerdo cuyas condiciones tendrán que ser aceptadas por Alcoa. Además del suministro de alúmina, este pacto debe incluir otros puntos como la separación de las dos plantas o los servicios comunes (informática, compras, etc.).
La SEPI ha aceptado este papel porque el comprador es un socio industrial que se compromete a mantener la actividad, a diferencia de las plantas que Alcoa tenía en Avilés y La Coruña, que fueron vendidas a fondos de inversión, lo que ahora está provocando importantes problemas.
En estas conversaciones, el holding público está intentando que las condiciones sean razonables para todas las partes. Ahora bien, como ha venido informando en exclusiva OKDIARIO, la SEPI actúa con una mano atada a la espalda por la falta de presidente, ya que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue sin encontrar sustituto para su protegido Vicente Fernández Guerrero (que seguía dirigiendo el organismo en la sombra pese a dimitir en 2019) tras ser procesado por el caso Aznalcóllar.
La culpa, de Pedro Sánchez por no bajar la luz
Todos estos problemas se habrían evitado si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera tomado medidas para rebajar el precio de la electricidad, ya que la producción de aluminio requiere gran cantidad de esta energía, que en España es mucho más alto que en los países de nuestro entorno y hace que no sea rentable esta producción. Esta es la verdadera causa del anuncio del cierre de la planta por parte de Alcoa y de su actual venta.
El Ejecutivo aprobó por fin en diciembre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se suponía que iba a rebajar la factura para los grandes consumidores. Sin embargo, la norma ha sido una gran decepción para estas industrias, que aseguran que apenas reduce sus costes energéticos.
Por el contrario, GFG ha tomado medidas para reducir su factura eléctrica si finalmente se hace con la planta de Alcoa: ha cerrado un acuerdo con el grupo energético Ignis para asegurarse un suministro eléctrico barato y de origen renovable para dicha planta a partir de 2023, como informó también OKDIARIO.
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