KPMG dijo que la inspección del BCE a Popular estaba mal hecha, declaran exdirectivos del banco

El caso Banco Popular que se sigue en la Audiencia Nacional salpicó ayer a tres de las ‘big four’ de la auditoría. El exinterventor general adjunto de la entidad, José Manuel Sáenz, declaró ante el juez que KPMG dio el visto bueno a las pérdidas registradas de los inmuebles del banco y que incluso aseguró que la inspección realizada por el BCE, en la que encontró un déficit oculto de 382 millones, estaba mal hecha. Asimismo, Deloitte y PwC le asesoraron para actualizar la metodología de valoración de activos que había generado dicho agujero.

Sáenz fue interrogado como testigo por las tasaciones de los inmuebles adjudicados por Popular como garantía de créditos incobrables, que generaron el grueso de las pérdidas que acabaron con la solvencia del banco (lo mismo que en 2012 había causado la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate financiero de España). La valoración del ladrillo de Popular fue objeto de una inspección por parte del Banco Central Europeo iniciada a finales de 2016, en la que el supervisor encontró que había un exceso de valoración de 382 millones en las cuentas respecto al precio real de esos inmuebles. Es decir, que Popular tendría que haber provisionado -haberse apuntado una pérdida- por esa cantidad.

Y ahí es donde el entonces interventor general adjunto implicó a KPMG, según fuentes jurídicas: «Banco Popular encargó un informe al experto independiente KPMG en el que se resalta que el inspector del BCE no había tenido en cuenta determinadas normas contables (NIIF5). Pese a este informe de KPMG, el jefe de inspección del BCE se reafirmó en sus conclusiones» de que existía el mencionado déficit de provisiones. Es habitual que haya discrepancias entre los inspectores y las entidades -como ocurre con las inspecciones de Hacienda-; no es tan habitual el importe de esta discrepancia concreta.

La NIIF 5 obliga a valorar los inmuebles (activos no corrientes, puesto que no son los típicos de la actividad bancaria, mantenidos para su venta) al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costes de venta. En este caso, ese valor razonable era inferior al valor en libros en los citados 382 millones, según el BCE.

Deloitte, PwC y KPMG dieron el visto bueno a las tasaciones

¿De dónde salía ese agujero? Pues de las prácticas contables de Popular tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que no reconocían la pérdida de valor real de ese ladrillo. Esto, en parte, se debía a la metodología para retasar periódicamente esos inmuebles. Sáenz reconoció ayer que no utilizaron en muchos casos la metodología exigida por el Banco de España (llamada ECO y más exigente) sino otra internacional que permite más margen de actuación a las entidades (llamada RICS), escudándose en que las normas internacionales de información financiera (NIIF) lo permitían.

Después de la quiebra masiva de las cajas y a la vista de las numerosas irregularidades de la banca a la hora de valorar los inmuebles adjudicados, el Banco de España emitió una nueva circular contable en 2016 que obligó al sector a adoptar unas tasaciones más exigentes. Según el exinterventor, Popular recibió asesoramiento de Deloitte, que luego revisaron KPMG y PwC, para revisar y actualizar esa metodología.

Y, a pesar de esa ayuda de tres de las ‘big four’, el banco que presidía entonces Ángel Ron siguió registrando esa sobretasación de los inmuebles detectada por el BCE a finales de ese año, algo que deja en muy mal lugar a estas gigantes de la auditoría y de la consultoría.

Y todavía había más agujeros ocultos

Las inspecciones del BCE (aparte de la referida a los inmuebles, hizo otra sobre créditos que también encontró numerosas deficiencias ocultas) fueron unas de las causas por las que Popular presentó unas pérdidas históricas de 3.485 millones en 2016, cuando en la ampliación de capital de ese año -lo que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional- Ron había anunciado que el quebranto sería de unos 2.000 millones.

Pero el agujero no se tapó por completo con las provisiones que provocaron esas pérdidas, según Sáenz. Una vez que accedió a la presidencia de Popular Emilio Saracho, emprendió una retasación generalizada del ladrillo del banco para determinar el importe en que debía ampliar capital para evitar la quiebra. Y en esa retasación, que no llegó a completarse por la huida de depósitos que provocó la falta de liquidez y la resolución del banco, ya se había detectado un agujero adicional de 400 millones: la diferencia entre el valor contable y el que arrojaba esa nueva tasación.

Por otro lado, Calama siguió con su reciente costumbre de imputar a algunos testigos del caso Popular en cuento detecta que se contradicen o que tuvieron alguna relación con la citada ampliación de capital. Ese fue el caso ayer de José Ángel Amor, exdirector comercial del banco y, por tanto, relacionado con la venta de las acciones a los clientes, al que citó Calama acompañado de abogado para poder defenderse.