La Justicia investiga a 15 altos cargos del Gobierno de Sánchez por malversación en el rescate de Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra todo el consejo de la SEPI por el rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra con 53 millones de dinero público. Los miembros de este órgano son 15 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos las secretarias de Estado de Hacienda, Economía, Industria y Defensa.

Las cuatro secretarias de Estado, consideradas parte del Gobierno, que forman parte del consejo de la SEPI son Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado de Defensa, Inés María Bardón, secretaria de Estado de Hacienda, Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Asimismo, pertenecen al órgano de gobierno los subsecretarios de Hacienda, Transportes, Trabajo, Agricultura, Presidencia y Economía, así como varios secretarios generales y directores generales, hasta completar los 15 altos cargos citados. Además, hay que recordar que este rescate fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que puede elevar las responsabilidades todavía más arriba.

Las diligencias solicitan el expediente administrativo completo de la ayuda pública a Plus Ultra, que el Gobierno se ha negado a entregar al Congreso. Se abren tras admitir una denuncia del sindicato Manos Limpias y se libra de ellas el ‘presidente en la sombra’ del hólding de empresas públicas, Vicente Fernández Guerrero.

La juez Esperanza Collazos será la primera en investigar el escándalo de las ayudas públicas a esta aerolínea, que no cumple los requisitos para acceder al fondo de rescate de la SEPI. Anteriormente, PSOE y Podemos habían vetado una comisión de investigación de los hechos en el Congreso propuesta por el PP.

En un auto fechado el 8 de abril y conocido hoy, esta magistrada acuerda incoar diligencias previas ante los indicios de posible malversación en este rescate contra Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones cuando se aprobó el rescate -como consecuencia del vacío de poder para guardar el puesto a su antecesor, como denunció OKDIARIO-, así como al resto de miembros del consejo del hólding, al que solicita que los identifique.

Un rescate que no cumple los requisitos

Como ha venido informando este medio, el rescate de Plus Ultra fue impuesto directamente por el Gobierno, quien presionó a los técnicos de la SEPI para que dieran informes favorables a la operación. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas requiere que las empresas sean estratégicas, como su nombre indica, algo insostenible en una compañía que tiene un solo avión y una cuota de mercado ínfima; y que sean solventes con problemas puntuales por el covid, cuando Plus Ultra  nunca ha salido de pérdidas. Además, un 47% de su capital está en manos de empresarios venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro.

Bartolomé Lora fue presidente en funciones durante más de año y medio porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le estaba guardando su puesto a su protegido desde los tiempos de la Junta de Andalucía, Fernández Guerrero, que ejercía como presidente en la sombra. Finalmente, Montero se vio obligada a nombrar a Belén Gualda presidenta de la SEPI, y esta situación de vacío de poder libra a Fernández Guerrero de ser investigado por el caso Plus Ultra.

OKDIARIO también ha denunciado que  el representante español de Plus Ultra (Summerwind) emitió facturas falsas a nombre de la aerolínea y simular préstamos por más de 20.000 euros.