El juez de Barcelona deja mañana ‘listo para sentencia’ el juicio de Celsa

Los fondos acreedores y Celsa, en manos de la familia Rubiralta, protagonizan mañana un nuevo capítulo en su disputa por el control del gigante siderúrgico: tras una semana de declaraciones, con sesiones de mañana y tarde, el juez escuchará los alegatos finales de los representantes legales de las partes. Por un lado, los fondos acreedores -entre los que se cuentan Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital y que controlan el 90% de la deuda de Celsa (unos 3.000 millones de euros) proponen, según la nueva Ley Concursal, convertir 1.291 millones de euros en el 100 % de las acciones del grupo. Por el otro, la familia Rubiralta, fundadora del grupo en 1967, que antes de que tuviera lugar el juicio, en febrero, se abrió a que los acreedores entraran en su accionariado con hasta un 49 % del capital, una opción que los fondos descartaron.

En medio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 550 millones -aprobado, aunque no concedido, pues está condicionado a que exista un acuerdo entre las partes-, unos 10.000 empleados llenos de dudas sobre su futuro y diversos informes sobre cuánto vale Celsa, lo que se ha convertido en la clave del juicio.

Tras la sesión de mañana, que arranca a las 9:30 horas, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, dará el «visto para sentencia».

A vueltas con el valor de la empresa

Celsa tiene importes de deuda vencidos por valor de 1.128 millones, en el caso de la financiación ‘jumbo’, y de 1.139 millones en cuanto al instrumento convertible. Los fondos, que adquirieron la deuda a la banca con un sustancial descuento, se apoyan en la valoración realizada por Lexaudit, designada por el juez como mediador entre las partes. La firma ha valorado a la siderúrgica en una horquilla de entre 2.400 y 2.775 millones de euros.

Pero sobre la mesa hay otros informes, como el de Lazard, que tasa a Celsa en unos 6.200 millones; el de BDO, que considera que Lexaudit ha cometido «graves errores y defectos metodológicos» a causa de los que ha dejado de contabilizar un valor de más de 2.000 millones; o la opinión del catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza, José Antonio Laínez, que ha defendido que Celsa es «plenamente solvente».

El viernes, tras cinco jornadas de juicio, CCOO y UGT tomaron la palabra y, en un comunicado, mostraron su «preocupación» por si los fondos se hacen con el control de la multinacional, ya que aseguran que no ofrecen «ninguna garantía» de que vayan a preservar los puestos de trabajo.

Pese a que los acreedores han insistido en que su plan de reestructuración no incluye «ni cierres de plantas ni deslocalizaciones», estos dos sindicatos han afirmado sentirse «ninguneados» por ellos al no haberles explicado «absolutamente nada sobre cómo piensan garantizar los cerca de 10.000 puestos de trabajo del grupo».

Ante el juez, los fondos, además de mostrar su intención de preservar el empleo, han asegurado que dirigirá la compañía «un consejo de administración independiente con gente de renombrado prestigio».

La Generalitat catalana, el gobierno vasco y el de Cantabria (comunidades en las que el grupo cuenta con centros de trabajo) han mostrado su apoyo sin fisuras al actual proyecto industrial de la compañía que dirige Francesc Rubiralta.

El ejecutivo catalán ha censurado «cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial», en clara alusión al plan presentado por los fondos.

Además de CCOO y UGT, la patronal Fomento del Trabajo también ha salido en defensa de Celsa, ya que «contribuye al crecimiento de la industria del territorio y a su reindustrialización y trabaja por la transformación industrial aplicando innovación y digitalización en sus procesos».

Celsa, uno de los mayores productores de acero de Europa y de los principales consumidores industriales de energía de España, cuenta con seis grupos empresariales y presencia en nueve países del continente.