El Impuesto a grandes fortunas se queda: ¿y ahora qué?

El Tribunal Constitucional avalará esta semana el Impuesto Temporal de Solidaridad de las grandes fortunas. Según el borrador de la sentencia filtrada, el órgano que preside Conde-Pumpido estimará que el Estado no invadió con este tributo las competencias autonómicas en materia fiscal. Pero claro, qué iba a fallar una Corte de Garantías asaltada por una mayoría progresista elegida unilateralmente por el Gobierno frankestein.

La jugada de Sánchez ha sido magistral. El presidente en funciones soltó la pluma del legislador a sus juventudes comunistas a finales del pasado año, para que fueran estos quienes atacaran el ‘paraíso fiscal’ de Ayuso. Justo al término del ejercicio fiscal, pisoteando el principio de no confiscatoriedad exigido por nuestra Constitución. Y así, Podemos cumplió su promesa electoral de asfixiar a los ricos colando el impuestazo en una proposición de Ley en principio destinada a gravar a las grandes energéticas y a la banca.

Ahora bien, la decisión de esta Corte de Garantías por mantener el tributo extra a los ricos revela una segunda intención: aumentar la presión fiscal. Sí, nuevos impuestos que, como el Impuesto de las grandes fortunas, bajo un leitmotiv de solidaridad “temporal”, nacerán para quedarse. Y esto no es un presentimiento, es una realidad: el plan presupuestario que Sánchez envió a Bruselas la semana pasada conlleva un aumento de impuestos cifrado en 7.300 millones de euros. Por tanto, la subida impositiva no afectará sólo a los 12.000 contribuyentes del Impuesto de las grandes fortunas que este año ingresaron al fisco 52.000 tristes euros por cabeza -por cierto, el 89% de ellos, residentes fiscales de la capital-. Pues “Hacienda, somos todos”, todos los demás: la clase media. El grosso de la población a cuyo salario bruto se nos aplica un tipo impositivo recogido entre la mitad y la parte baja de la tabla del IRPF. Mejor un poquito de muchos que una migaja de unos cuantos. Si a ello sumamos la progresiva eliminación de horquillas del Impuesto sobre la Renta, nos encontramos con un tributo menos progresivo, menos social. Aunque ese, es otro debate.

La premura marxista por acabar con el sistema capitalista no destruirá al sistema, sino a las clases trabajadoras. De hecho, ya lo está haciendo: según el Instituto de Estudios Económicos, en 2022 fuimos el país de la eurozona que más incrementó la presión fiscal sobre los ciudadanos, superando el 42% del PIB, por encima del promedio de la UE. Pero estos son sólo datos. Basta con darse una vuelta por los supermercados para ver que el precio de los productos de primera necesidad se dispara. Sólo el aceite de oliva nos cuesta un 10,1% más que hace un mes, un 67% más que hace un año.

Parece que eso de que no tendremos nada y seremos felices, se está cumpliendo. Y lo peor, media población española está comprando los postulados izquierdistas: gravemos a los ricos, contribuirán a que salgamos de la espiral inflacionista. No, no por exigir más impuestos a los ricos, se solucionará la pobreza. Todo lo contrario, estos y sus empresas se continuarán marchando. Y volverán aquellos que tributen, gracias la Ley Beckham, como no residentes -con un tipo inferior a los que sí residimos-, para después volverse a sus países. Y mientras, el Gobierno seguirá sin deflactar la tarifa estatal de nuestro IRPF y sin bajar el IVA de los alimentos, para que seamos nosotros, los asalariados, quienes paguemos la subida del precio del petróleo y del resto de suministros que necesitamos para comer, movernos y hasta casi, para respirar. Ese es nuestro ahora, nuestra realidad.