Guindos promete a la UE que el déficit bajará al 3,1% del PIB en 2017 con los nuevos Presupuestos

El ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, ha comparecido ante sus homólogos europeos para prometerles que España cumplirá el objetivo de déficit público comprometido para este año (4,6% del PIB) y el que viene (3,1% del PIB) para lo cual se aprobarán los ajustes necesarios en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ya está elaborando el Ministerio de Hacienda.De esta forma se evitarán sanciones por importe de 6.300 millones de euros.

El ministro ha indicado en rueda de prensa que “no existen regates de ningún tipo” a la hora de cerrar la brecha fiscal entre gastos e ingresos públicos, aunque ha indicado que los 5.000 millones de euros de ajustes necesarios para concluir 2017 con un déficit público no superior al 3,1% del PIB pueden reducirse, debido a las mejores previsiones de crecimiento económico de cara al próximo año.

Tal como avanzó OKDIARIO, el Gobierno elaborará un nuevo cuadro macroeconómico en el que revisará al alza la estimación de incremento del PIB para 2017, hasta el 2,5% (frente al 2,3% actual). Con esta nueva tasa de crecimiento se podrá reducir el volumen de ajustes necesarios (siempre que no se aumente el gasto) en el entorno de los 1.500 millones de euros. No obstante, Bruselas reclama además que se adopten medidas para reducir en medio punto porcentual el déficit estructural, es decir, aquel que no depende de los ingresos derivados del ciclo económico.

De Guindos ha hecho referencia a la carta que envió la Comisión Europea a España para solicitar una concreción de las reformas a emprender para cumplir el objetivo fiscal: «He contestado hoy la carta que mandaron, ya como ministro en plenas funciones, en la cual me comprometo a ello. En esa carta repito exactamente los mismos términos. España va a comprometerse en el proyecto presupuestario que va a remitir que va a incluir un déficit nominal del 3,1% y un esfuerzo estructural del 0,5%, como no podía ser de otra forma».

Otro elemento clave para conocer el alcance de los ajustes pendientes es la cifra final de déficit público con la que concluirá el presente año. Según ha confirmado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la recaudación va mejor de lo previsto y la reforma del sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades ha permitido ingresar 6.000 millones de euros en las arcas públicas, es decir, 1.000 millones de euros más de lo previsto. «No es lo mismo si el punto de partida es de un nivel o de otro, eso tiene importancia desde el punto de vista del arrastre”, ha indicado De Guindos.

El Gobierno espera, tras conocer las cifras de octubre, que la reforma de Sociedades permita ingresar 9.000 millones de euros (frente a los 8.000 millones inicialmente previstos), lo que junto con el acuerdo de no disponibilidad de gasto del Estado de 2.000 millones de euros y el adelanto del cierre del presupuesto de este año (elementos incluidos en la prórroga presupuestaria) reducirán el déficit público en más de 10.000 millones de euros.

A partir de ahora el reloj corre en contra del Gobierno español, que deberá remitir a Bruselas un borrador del nuevo PGE para 2017 una vez que se acuerden las principales partidas con el resto de grupos parlamentarios. El ministro de Economía e Industria ha manifestado a sus socios europeos que es optimista a este respecto y que se llegará a un acuerdo político para que el proyecto de ley pueda recibir el visto bueno del Congreso y el Senado en las primeras semanas de 2017.

«Nosotros vamos a dialogar todo lo que sea necesario, todo lo que sea imprescindible, vamos a tener todo tipo de contactos, vamos a entender perfectamente que hay otros partidos que tienen otras prioridades en materia presupuestaria, pero el cumplimiento de los objetivos presupuestarios no es únicamente responsabilidad del Gobierno, es la responsabilidad de todos los grupos de la Cámara», ha explicado De Guindos.

El cumplimiento del calendario comprometido con Bruselas es vital para evitar sanciones. Si España no adopta las medidas necesarias para garantizar los objetivos fiscales previstos la Comisión Europea podría imponer una multa equivalente al 0,5% del PIB (unos 5.000 millones de euros) y aplicar una suspensión temporal de los fondos estructurales a partir de enero de 2017 por un importe aproximado de 1.350 millones.