Las grandes eléctricas creen que no les afectará la tasa a los beneficios extraordinarios de la UE

Las grandes eléctricas españolas creen que no les afectará la tasa a los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ que planea la Comisión Europea sencillamente «porque estos no existen». Algunas compañías como Endesa, por ejemplo, tienen ya topados los precios de la electricidad producida por las renovables y las nucleares a un precio inferior al de la subasta diaria, y la venden normalmente mediante contratos bilaterales (los llamados PPA).

La gran duda pendiente es si estos contratos estarán gravados por la tasa sobre estos «beneficios extraordinarios». En principio, la propuesta de la Comisión dice que sí: «Los Estados miembros garantizarán que el tope [a las energías distintas al gas] se dirija a todos los ingresos de mercado de los productores, independientemente del marco temporal del mercado en el que tenga lugar la transacción y de si la electricidad se comercializa de forma bilateral o en un mercado centralizado».

No obstante, las compañías españolas entienden que, si esos bilaterales están por debajo del precio que marca el gas -como ocurre en la mayoría de los casos-, no hay un beneficio caído del cielo y, en consecuencia, no se podrá gravar. Esto fue lo que hizo fracasar el Real Decreto 17/2021 con el que Pedro Sánchez pretendía que las eléctricas tributaran por estos beneficios.

Está por ver cuál será el diseño definitivo de los impuestos en marcha. Según las últimas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, «el Gobierno español se adaptará a lo que finalmente decida la Unión Europea», que tiene planteamientos diferentes a los del Ejecutivo de Sánchez.

La propuesta esbozada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, plantea gravar los beneficios de las gasistas y petroleras que estén por encima del 20% de la media de los últimos tres años con un 33%. «Ningún impuesto es bueno, pero éste parece razonable porque asegura la rentabilidad de las compañías». La pretensión de España, en cambio, es establecer un gravamen sobre la facturación.

Destino de los impuestos

Fuentes del sector eléctrico creen que una de las medidas «mas acertadas» de la Comisión es el intento de poner coto a la especulación, «que está moviendo los precios del gas» en el mercado de Rotterdam, el indicador que se utiliza como referencia (el TTF). Llevado al extremo, esto significaría establecer otro índice de referencia, pero esta propuesta, aún sin concretar, es vista con temor por los expertos, para los que «intervenir los precios es la peor de las ocurrencias posibles». «No tiene mucho sentido, por ejemplo, utilizar el índice asiático -una posibilidad que se ha puesto encima de la mesa- porque las circunstancias de aquel mercado son totalmente distintas a las nuestras».

En cuanto a las recomendaciones realizadas para aumentar el ahorro energético, las compañías resaltan que «este ya se está produciendo por la vía de los hechos». «La gente ha empezado a consumir mucho menos y hay muchas industrias que han parado» debido a los elevados precios.

En opinión de los expertos, la cuestión clave por dilucidar es cómo se repartirán los 140.000 millones que Bruselas espera recaudar con los nuevos impuestos. «La mejor idea sería dedicarlos a las empresas, porque la actividad industrial está descendiendo aceleradamente por el cierre de muchas compañías, y esto significa más desempleo. Sería evitar la amenaza un escenario parecido al que sucedió durante la pandemia, aunque en este caso como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania».

De acuerdo con estos medios, «sólo después habría que ayudar a los ciudadanos de rentas más bajas por medio de transferencias directas. Así se cumpliría el escenario relativamente más favorable: permitir a las eléctricas, petroleras y gasistas un cierto margen de ganancia y después utilizar los ingresos por las tasas para ayudar a los sectores productivos que están atravesando graves dificultades y a los ciudadanos en situación más precaria».

Esto es una sensible diferencia respecto al decreto de 2021 de Sánchez y a los impuestos que están en tramitación parlamentaria, ya que ingresos de estos «hachazos fiscales» a las eléctricas iban a la caja del Estado para usarlos en lo que quisiera el Gobierno. Ahora, Europa exigirá que se usen para rebajar la factura, aunque deja en manos de cada país cómo hacerlo: con ayudas a las rentas bajas, a la industria, a todos por igual… De momento, Alemania ha anunciado que va a poner una especie de mínimo gratis (el cliente sólo pagará a partir de un determinado consumo).