El Gobierno niega el ingreso mínimo vital a más de 200.000 familias en situación de pobreza

El Gobierno de Sánchez niega el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a más de 200.000 familias en situación de pobreza porque no cumplen el requisito del patrimonio mínimo. En concreto, muchas personas carecen de liquidez para llevar a cabo los gastos más cotidianos, pero, por ejemplo, tienen casas o fincas en el pueblo que, con poco que valgan, les impiden tener acceso a la ayuda. Así lo ha destacado el profesor de la UNED Luis Ayala durante un encuentro organizado por Fedea y el Colegio General de Economistas (CGE) al que ha acudido OKDIARIO.

La Seguridad Social explica en su página web que, para poder acceder al ingreso mínimo, una familia de dos adultos con un hijo debe tener menos de 36.636,52 euros de patrimonio. Así, alguien que tenga una pequeña propiedad no productiva, como un terreno, y que no pueda liquidar en el corto plazo, puede estar en una mala situación pero no disponer de la ayuda.

«Hay un criterio de renta, pero también criterios relativos al patrimonio, y eso excluye a más de 200.000 hogares que hubieran sido elegibles con renta y que no tienen liquidez inmediata, una cifra que acabamos de estimar con datos de la Agencia Tributaria», ha explicado Ayala.

El profesional de la UNED, además, incide en que estos criterios que establece el Gobierno de Sánchez no son habituales para determinar quien tiene derecho a una ayuda: «No es el procedimiento más estándar. No son muchos los países de la Unión Europea que tienen un test de rentas y un test de patrimonio para acceder a estas prestaciones».

Problemas del ingreso mínimo vital

Para Ayala, esto genera «varios problemas», pues supone «que ese patrimonio es traducible en mayor liquidez y en mayor bienestar» que lo que se da realmente «en la práctica». «No lo es en las familias con menos ingresos», advierte el profesor.

«Hay que aclarar que la vivienda principal no se tiene en cuenta a la hora de determinar ese patrimonio que te permite acceder al ingreso mínimo vital. Pero otros activos que no son líquidos, como una casa en el pueblo, por poner un ejemplo muy cotidiano, se consideran», alerta el economista, que incide en que «es fácil saltar el listón de patrimonio» con los estándares que establece la ayuda.

«Tengamos en cuenta, además, que estas familias están peleando por mantener sus viviendas constantemente con dificultades y están reduciendo gastos de actividades extraescolares de los hijos, gastos para el desarrollo familiar, con tal de mantener la vivienda», advierte Ayala.

Es decir, el Gobierno de Sánchez obliga a estas familias a liquidar su patrimonio, pero ellas prefieren resistir y conservarlo, aunque tengan numerosos problemas en el día a día. Personas que no tienen liquidez, es decir, dinero para cubrir los gastos cotidianos. Por ello, el profesor recomienda a los responsables políticos que dejen de tener en cuenta el criterio de patrimonio.

Fedea y el CGE advierten de que el IMV «llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias».

En términos generales, Fedea y el CGE advierten de que el ingreso mínimo vital «presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos».

Propuestas de Fedea y CGE

Por ello, los profesionales de estar organizaciones proponer «simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de tramitación, avanzando hacia una concesión más automática que evite dejar fuera del sistema a los hogares más vulnerables».

Por otro lado, los especialistas insisten en que es necesario «trasladar la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas, aprovechando su proximidad a los beneficiarios y su capacidad para coordinar la prestación con los servicios sociales y de empleo, lo que permitiría una gestión más eficaz y una mejor vinculación con las políticas activas de inserción»,

Además, Fedea y CGE consideran que es importante «flexibilizar la definición de las unidades de convivencia y los requisitos de empadronamiento, con el fin de no excluir a personas en situación de inestabilidad residencial». También defienden que habría que «corregir las disfunciones derivadas de los cobros indebidos mediante reglas de devolución proporcionadas».

Este último problema ha provocado graves casos, tal y como ha revelado este periódico. Por ejemplo, el caso de una madre de dos menores, que prefirió mantener el anonimato, y que después de pleitear contra la Seguridad Social de Elma Saiz por los reclamos de ingreso mínimo de años anteriores, volvió a recibir una carta del Gobierno en la que le reclaman otros 8.400 euros por la prestación.